VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.680 enmiendas parciales llegan vivas al Pleno de las Cortes de Castilla y León que comenzará el próximo martes 16 de octubre en el que se aprobarán de forma definitiva los Presupuestos de Castilla y León para el próximo año.
En concreto, IU será el grupo que más enmiendas parciales lleve a este Pleno con 1.135 de las que no se ha aprobado ninguna en comisión, seguida del PSOE con 505 y UPL con 50.
Así, IU defenderá sus 1.135 enmiendas, de las que 1.110 se dirigen a la Ley de Presupuestos y 25 a la de acompañamiento. Del total Educación copa 332 enmiendas, seguida de Sanidad con 256, Fomento y Medio Ambiente con 198; Familia y Servicios Sociales, 109; Economía y Empleo 57; Presidencia 55; Hacienda 44; Cultura 38 y, por último, Agricultura y Ganadería con 16. Las enmiendas del Grupo Mixto se completarán con las 50 enmiendas de UPL.
Por su parte el PSOE llevará a la sesión 505 de las que 405 son a la Ley de Presupuestos y 100 a la de medidas. Por secciones, 54 a Presidencia, 86 a Fomento y Medio Ambiente; 69 a Hacienda; 57 a Educación; 39 a Cultura; 36 a Familia; 24 a Agricultura; 20 a Economía y Empleo y 20 a Sanidad.
Las presentadas por el PP --un total de 5-- se aprobaron en Comisión y se ha logrado transaccionar una de PP y PSOE sobre la inversión destinada al Parque Tecnológico de Burgos, que contará con 11,34 millones de euros, ya que en le proyecto de presupuestos se había incluido la dotación global para los polígonos industriales de la Comunidad.
En concreto, como ha explicado el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU, José María González, con sus enmiendas que persigue un cambio en la fiscalidad para que sea más progresiva, abrir la posibilidad a compatibilizar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con otros subsidios y evitar que organismos públicos puedan decidir sobre deuda y avales sin que lo apruebe el Gobierno de la Junta de Castilla y León.
La "alternativa fiscal" que propone IU pasa por una modificación de la tabla autonómica del IRPF donde los que tengan menos recursos netos no paguen. En concreto, aboga por que los que ganen menos de 17.707 euros no paguen, pero se produzca un importante incremento a partir de los 53.407 euros, a partir de los cuales se establecerían tramos con incrementos progresivos a partir de los 80.000, los 100.000 y los 120.000 euros.
A través de estas enmiendas, la coalición también pretende eliminar deducciones fiscales que sólo benefician a los que más tienen y no generan dinamismo económico y social en los impuestos de sucesiones, patrimonio y donaciones.
Otra de las enmiendas busca modificar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que ésta pueda ser compatible con subsidios sociales a tiempo parcial que perciben los ciudadanos del Estado.
El objetivo de González con sus propuestas es plasmar la política alternativa de IU y ha explicado que lo primero que se pretende es limitar la externalización y la "privatización" de servicios.
También en esta línea de evitar privatizaciones, González reclama que se recupere la gestión pública en los comedores escolares, que ha recordado que han estado "muy en boca" de todos por lo ocurrido con la aparición de larvas en la comida de varios centros escolares y ha incidido en que no se dice ahora por este problema sino en la misma línea de limitar la privatización para evitar estas situaciones.
Otra de las cuestiones que se proponen en estas enmiendas, por ejemplo en el caso de la Sanidad, es la creación de hospitales comarcales en el norte, sur y este de la Comunidad y no "macrohospitales" como el que se va a hacer en Palencia.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista propone con sus enmiendas una fiscalidad más "progresiva y justa" y entre las que incluye una "batería" contra la corrupción.
Así lo explicaron la portavoz del Grupo, Ana Redondo, y el portavoz en materia económica del Grupo, José Francisco Martín, quienes detallaron que las medidas que proponen permitirían contar con recursos adicionales para compensar la pérdida de calidad de vida.
Entre los nuevos tributos que proponen los socialistas en su modelo fiscal está una tasa a las grandes superficies, algo que consideran "fundamental" para compensar que el pequeño comercio sufre "especialmente" las políticas de la derecha con decisiones como la de la liberalización de horarios o la futura medida que permitirá incrementar las rentas antiguas y bajas que mantienen a estos empresarios.
Asimismo, el PSOE propone gravar los depósitos bancarios, sin perjudicar a los impositores, con el fin de que la banca pueda revertir a la sociedad todo lo que ésta ha invertido en su "salvación".
En la misma línea, ha pedido la supresión absoluta del impuesto sobre hidrocarburos, el "error fiscal" de la legislatura, que considera que ha agravado la situación del sector del transporte y que todas las partes piden que se suprima, en línea con las recomendaciones del Consejo Económico y Social.
Por otro lado, los socialistas han presentado una "gran batería" de enmiendas referidas a la corrupción, sin las que cree que no se puede plantear un presupuesto, ya que considera que no es posible un crecimiento económico y una mejora sin la recuperación de la confianza de los ciudadanos en los políticos.
También proponen la creación de una "oficina anticorrupción" en conexión con el Consejo de Cuentas, al que consideran que hay que dar más capacidad de decisión y autonomía, "esencial para garantizar la transparencia" y luchar contra la corrupción.
Otras propuestas que se recogen en las enmiendas son cambios en el reglamento de las Cortes, la limitación de mandatos, la supresión del aforamiento y primarias abiertas en todos los partidos.
ENMIENDAS POR CONSEJERÍAS
Por su parte, José Francisco Martín indicó que con las enmiendas se trata, por ejemplo, de que en el presupuesto se garantice que las corporaciones locales siempre recibirán más fondos, dada su participación en los ingresos de la Comunidad, con un crecimiento anual con parámetros y distribución objetiva, elementos que se han olvidado en la Ley de Medidas.
Por otro lado, una de las cuestiones que el Grupo Socialista considera "fundamental" es el establecimiento de un "suelo" de gasto social, que garantice por ley una inversión en educación, sanidad y servicios sociales, nunca inferior a un porcentaje determinado que considera que debería de ser de un 12 por ciento del Producto Interior Bruto.
Otras medidas pasarían por un reglamento regulador de inversiones y ayudas a comarcas, prohibir las aportaciones y ayudas a los centros educativos que separen alumnos por sexos, la financiación "estable" de las escuelas infantiles de primer ciclo, la eliminación de las previsiones referentes al desplazamiento de los profesionales sanitarios en el medio rural o medidas para los afectados por preferentes y subordinadas.
