El afectado critica el doble lenguaje de la organización, que ha propuesto derogar la legislación de la que ahora se beneficiaría
VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid celebra este martes el juicio promovido por el extrabajador de Podemos Castilla y León A.C.C, que fue despedido por causas objetivas mientras que el trabajador mantiene que no concurren tales causas y que por ello es improcedente.
Se trata del primer empleado contratado por Podemos en Castilla y León, concretamente el 10 de octubre de 2016, con tareas administrativas en la sede de la formación de Pablo Fernández en la calle Padre Claret, en Valladolid, manteniendo la formación que ha sido clausurada al público, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Podemos despidió al afectado el pasado día 3 de julio alegando causas objetivas tras el cierre de la sede, despido del que ni siquiera se le preavisó con 15 días como marca la ley y por ello tuvo que ser indemnizado.
No obstante, el empleado y su abogado han impugnado el despido por considerarlo improcedente, al tiempo que recuerdan que el trabajador no sólo realizó labores administrativas sino también otras relativas a campañas del partido por Castilla y León y labores de comunicación del partido.
Lo llamativo del caso es que los demandantes critican a Podemos de valerse de la reforma laboral realizada por el gobierno de Rajoy en el año 2012, pese a que incluso la formación morada ha registrado proposiciones no de ley para su derogación, ya que en caso de una declaración de despido improcedente la formación elegiría mantener el despido o la readmisión, y en caso de optar por la primera de ambas opciones el exempleado pasaría a recibir una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, en vez de los 45 aplicados con la legislación anterior.
Además Podemos siempre ha mantenido que quiere que por Ley se dé la elección al trabajador de poder ser readmitido, pero aprovechándose de la actual legislación esto no será posible pues la elección recaerá en la formación política, pese a la voluntad que en ese sentido ha expresado el trabajador.
Por ello, si con la anterior legislación la improcedencia del despido se traduciría en una cantidad a percibir cercana a los 12.000 euros, entre indemnización y salarios de tramitación, con la presente no superará los 1.600 euros.
