VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Más de medio millar de trabajadores temporales públicos --según la organización-- han exigido en Valladolid que se ponga fin a la situación laboral "discriminatoria" que sufre el sector en la Comunidad, al tiempo que denuncian que ven "peligrar" sus puestos de trabajo.
La movilización, en forma de caravana de coches y que forma parte de las 27 que se han llevado en todo el país --en la Comunidad además de la vallisoletana también se ha llevado a cabo en León con una participación de un millar de trabajadores--, ha arrancado a las 11.00 horas en la Feria de Muestras, para transitar, posteriormente, por Ramón Pradera, Gloria Fuertes, Puente Poniente, Isabel La Católica, San Ildefonso, Paseo Zorrilla (hasta La Rubia y vuelta), Filipinos, Plaza Colón, Gamazo, Plaza Madrid, Plaza España, Duque de la Victoria, Quiñones, Lonja, Plaza del Ochavo, Vicente Moliner, Fuente Dorada, Bajada La Libertad, Echegaray, Plaza Portugalete, Arzobispo Gandasegui, Plaza Universidad, López Gómez y Plaza España donde concluirá sobre las 13.00 horas.
Antes de comenzar, se ha leído un manifiesto en la que los trabajadores públicos temporales han asegurado sentirse "totalmente desprotegidos" por el Gobierno y las Administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al "abuso" de temporalidad por una Directiva Europea cuyo objetivo "no se está cumpliendo en España".
"No queremos más contratos en fraude, ni que nos echen a la calle sin derecho alguno después de años entregados al servicio público, ni que se obvie la supremacía del derecho europeo que se aplica en el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea", explican a través de un comunicado remitido a Europa Press.
En definitiva, buacan que se cumpla la ley, al igual que, señalan, se hace en el empleo privado, para que puedan continuar en sus puestos de trabajo, máxime después de haber superado procesos selectivos que acreditan mérito, capacidad e igualdad, como exige laa Constitución, y de haber entregado los "mejores" años de sus vidas en pro de un servicio público "intachable" a los ciudadanos.
"Basta ya de falsear y manipular la información a la opinión pública; no somos enchufados que han entrado a dedo; no somos privilegiados ni queremos serlo; no hemos accedido a la Administración por la puerta de atrás, sino por la principal, y con actas que lo atestiguan. Somos los que cubrimos los puestos que nadie quiere, los de los peores horarios y guardias, los peor localizados geográficamente y en los lugares más problemáticos a donde no quiere ir nadie en definitiva, somos a los que recurre la Administración para evitar el coste político de reducir los servicios públicos", agrega el manifiesto leído esta mañana.
De ahí, que el sector haya reivindicado que la Administración pública cumpla el Derecho de la Unión, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en "abuso de temporalidad" y aplique como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regularización administrativa.
Además reclaman al Gobierno que atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de la temporalidad en el sector público, similares a las adoptadas en el sector privado.
Por otra parte, y en materia de no discriminación, piden que la Administración deje de aplicar toda norma nacional que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos o de carrera.
OFERTA DE EMPLEO
En este sentido, también exigen que se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público que afecte a estas plazas hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional.
"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro en su sentencia del 19 de marzo, que no se pueden incluir nuestras plazas en abuso en las convocatorias de OPEs sin comprobar mediante inspección si se encuentran en situación de abuso de contratación temporal y sin que se sancione a la administración empleadora por ello", agrega.
También reclaman que todas las fuerzas políticas de Castilla y León promuevan medidas legislativas contra la precariedad y el abuso de temporalidad en el sector público, empezando por incluir en las medidas administrativas de la Ley de presupuestos, una modificación a la Ley de Función Pública de Castilla y León, mediante una enmienda transaccional a las enmiendas presentadas por Podemos Y UPL, que permita poner en marcha un procedimiento de inspección, que saque a la luz los empleados temporales que están en "abuso", con el objetivo de reducir la temporalidad fraudulenta o abusiva al cero por ciento en el sector público de la Comunidad, "reparando sus consecuencias y resarciendo a las víctimas de abuso con la estabilidad en el empleo".
Por último, exigen una vía de diálogo con el Gobierno nacional que permita la participación ciudadana del colectivo en la adopción de políticas públicas, en la elaboración de la normativa que les afecta directamente y en la puesta en marcha de las medidas propuestas.
