VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Un auxiliar administrativo de la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos ha sido condenado por la Audiencia Provincial de dicha ciudad a 6 años y un día de pena de prisión y 9.000 euros de multa por apropiarse, entre 2012 y 2016, del dinero de seis menores tutelados --en total, 34.161,40 euros--.
Así lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que fue acordada por conformidad de las partes, en la que el condenado reconoce la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida.
Así, el acusado y su letrado mostraron su conformidad con la propuesta de condena solicitada por la Fiscalía y a la que se adhirió la acusación particular, en la que se imponen al auxiliar administrativo una pena de prisión de seis años y un día, además de seis años y un día de inhabilitación especial para empleo público y una multa de 9.000 euros --10 euros al día durante 30 meses--.
La sentencia considera probado que el condenado, como auxiliar administrativo en la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos, tenía entre sus funciones la apertura, gestión y cancelación de las cuentas bancarias de los menores que se encontraban tutelados por la Gerencia así como del archivo de expedientes de los menores a cuya documentación tenía acceso.
Durante los años 2012 a 2016 el acusado, aprovechó sus funciones propias de su cargo "con el deseo de obtener un inmediato beneficio y alterando y faltando a la verdad", ya que de su propio puño y letra simulaba e imitaba la firma del gerente --en el cargo hasta el 31 de agosto de 2016-- y de la gerente que asumió la gerencia tras el cese del anterior.
El acusado falsificaba las rúbricas en los justificantes o modelos de solicitud de reintegros que se utilizaban para autorizar los actos de disposición del dinero de las cuentas bancarias titularidad exclusiva de los menores en las que se ingresaban sus pensiones, acudía presencialmente a las oficinas de la entidad bancaria correspondiente y gracias a los justificantes en los que él mismo había fingido la firma de la persona autorizada para ello, realizaba diversos reintegros de dinero en efectivo que incorporaba a su patrimonio.
Así, sustrajo dinero de las cuentas a seis menores, con cantidades que ascendieron respectivamente a 18.206,5; 5.595; 2.110,88; 4.827,50; 1.860; 1562,40 euros.
A la fecha de la comisión de los hechos descritos, los menores se encontraban o se habían encontrado bajo la tutela de los Servidos Sociales de la Junta de Castilla y León, y en algunos casos aunque ya no se encontraban bajo tutela, las cuentas bancarias permanecían a disposición de dichos servicios.
La Junta de Castilla y León ha restituido a todos los perjudicados la totalidad del dinero que el acusado hizo suyo incrementado en un 10 por ciento.
Al acusado se le imponen expresamente las costas de este procedimiento sin incluir las de la acusación particular.
