La Junta de Personal de las Cortes niega ante la jueza conocer el acoso a la exjefa de Gestión Administrativa

Archivo - La sede de las Cortes CyL. Foto archivo

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VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León, con su presidente a la cabeza, han negado este jueves en sede judicial tener conocimiento del supuesto acoso laboral que una funcionaria de dicha institución presentó contra el que fuera secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, quien ha tenido que dimitir recientemente de su cargo a instancias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Como estaba previsto, el presidente de la Junta de Personal, primero en comparecer, y luego la secretaria y los tres vocales de dicho órgano administrativo han ido compareciendo en el Juzgado de Instrucción número 4 donde, en un trámite que se ha iniciado a las 09.30 horas y ha concluido escasos minutos antes de las 11.00 horas, ha coincidido al asegurar su desconocimiento de la situación objeto de la presente investigación, explicaciones que han seguido con detenimiento la propia jueza y, en ausencia de la Fiscalía, los letrados del denunciado y de la denunciante.

Aunque el presidente no lo ha mencionado, el resto de los testigos sí han recordado haber tenido algún encuentro con la denunciante en la que ésta les informó de distintas sentencias a su favor que pusieron en conocimiento de la Junta de Personal, aunque han insistido en que en momento alguno la funcionaria les informó del supuesto acoso laboral que venía padeciendo, hasta que en septiembre u octubre de 2024 la afectada les dio traslado de una comunicación por escrito.

Sí han reconocido, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que conocieron el cambio de despacho de la denunciante a otro más pequeño y en peores condiciones, no así de otras medidas como la privación de los permisos informáticos, aplicaciones, accesos a unidades de red y certificados de firma electrónica.

Tras las testificales de este jueves, que se suman a la que el propio denunciado realizó en calidad de investigado el pasado día 16 de diciembre de 2024, no constan por el momento nuevas citaciones pero sí faltan por practicar varias pruebas solicitadas por la acusación particular y que han sido admitidas a trámite, como la realización de un informe sobre las retribuciones extraordinarias percibidas tanto por el propio Marcos Herrero como por el presidente de la Junta de Personal y la personaba que ha ocupado el cargo de la denunciante una vez apartada del mismo, así como la práctica de un informe forense sobre el estado de salud de la supuesta víctima para conocer los efectos que ese supuesto acoso pudiera haberle causado.

El interrogatorio de los miembros de la Junta de Personal hoy practicado y que en su día solicitó el Ministerio Fiscal obedece a que, en un informe de 44 páginas remitido a Instrucción 4, todos ellos aseguraron no tener conocimiento de "ninguna actuación referida al personal de la Cámara constitutiva de acoso laboral" y apuntaban también que "los hechos relatados" por la denunciante, a su juicio, "no pueden entenderse constitutivos de tal delito", a lo que añadían que en el informe de comunicaciones laborales la supuesta víctima "nunca ha comunicado ni referido en sus escritos episodios de desavenencias, conflictos de carácter interpersonal o situaciones tensas en el ambiente de trabajo que constituyan un patrón repetido de abuso".

El que fuera secretario general y letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero, negó en diciembre en sede judicial mantener cualquier animadversión personal hacia la funcionaria que le denunció por acoso y sostuvo que todas sus decisiones se ajustaron a derecho, sin incurrir en ninguna actuación delictiva, incluida la de apartarla del puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes, lo que le fue comunicada a la denunciante vía telefónica y cuando se encontraba de vacaciones.

Sin embargo, un reciente auto de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ordenaba reponer a la denunciante en su puesto de trabajo tras declarar nula de pleno derecho la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada el 10 de julio de 2024 por la Mesa de las Cortes regionales, que permitía que la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa que ocupaba la funcionaria pudiera ser ocupada por personal de la Escala de Ingeniería, además del Cuerpo Técnico. Tal modificación, como así advertía dicho auto, no tenía otra finalidad que eludir el cumplimiento de una sentencia anterior que ya había declarado nulo el cese de la funcionaria en mayo de 2022.

Además, el tribunal acordaba remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid para que se investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de responsabilidad penal. "Constando que existen las Diligencias previas no 1321/2024 del Juzgado de Instrucción no 4 de Valladolid, por hechos relacionados en el presente auto y a efectos de que se pueda dilucidar si se ha incurrido en responsabilidad penal, procede acordar la remisión de testimonio de particulares al referido Juzgado", señalaba el auto.

EFECTOS DEL ÚLTIMO AUTO

A raíz de ello, el secretario general y letrado mayor de las Cortes presentó su dimisión el pasado día 23 de mayo, mientras que otra de las consecuencias es que la funcionaria afectada fue repuesta fugazmente en su cargo ya que al poco tiempo pasó a ocupar, por adscripción provisional, el puesto de interventora--es de superior categoría que el anterior--por jubilación de la titular.

La funcionaria inició acciones contra el ya dimisionario Marcos Herrero por entender que todas las decisiones adoptadas por el investigado no han tenido otra finalidad que humillarla, aislarla laboral y sociolaboralmente, a la vez que perjudicarla en su carrera profesional, realizando además actuaciones encaminadas a que el único puesto de trabajo que pueda obtener en las Cortes de Castilla y León carezca de funciones, se encuentre al margen de las tareas de administración y económicas y tenga un nivel y un salario inferior al que le corresponde y al del resto de sus compañeros del mismo cuerpo.

Por todos los medios, siempre según la denuncia, se trataba de impedir que la funcionaria pudiera acceder a puestos relacionados con la gestión administrativa, la contratación pública y también a la nueva Escala Económico Financiera, para lo que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se crearon convocatorias que por sus requisitos impedían la participación de la denunciante, actos que considera una auténtica represalia.