Unos 150 productores se concentran a las puertas de Agricultura y Ganadería para subrayar la nulidad de la supresión de estas ayudas
VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unos 150 remolacheros convocados por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se han concentrado este martes a las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería para exigir a la Junta que pague las ayudas a la producción correspondientes a la campaña 2011-12 a los 5.300 productores afectados, al tiempo que le han reclamado que "cumpla lo prometido".
Tras una pancarta en la que se podía leer 'Paga lo que debes', los manifestantes han recordado que los tribunales han dado la razón a 97 remolacheros que recurrieron la orden por la que la Junta anulaba las ayudas convocadas para dicha campaña, pero han defendido que el pronunciamiento de la Justicia "no afecta sólo a estas personas", sino a todos los productores, puesto que "invalida" la mencionada orden.
Así lo ha subrayado el responsable de remolacha de UCCL y presidente de la OPA en León, Juan Antonio Rodríguez, el cual ha cifrado en nueve millones de euros el importe pendiente de pago por este concepto y ha criticado el "silencio" de la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, quien "heredó esta situación", pues no estaba al frente de esta cartera cuando se tomó esta decisión, pero a quien ha advertido de que de no atender esta petición, "perderá toda su credibilidad".
En declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez ha lamentado que en lugar de atender a los pronunciamientos judiciales ya emitidos y pagar las ayudas a todos los remolacheros, la Administración "vaya a obligar a cada agricultor a pleitear de forma individual", situación que ha comparado con la de los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas, recientemente anuladas por la Justicia europea.
Las ayudas de la Consejería de Agricultura y Ganadería suponían tres euros por tonelada de remolacha para compensar su precio, pero la segunda convocatoria, la de la campaña 2011-12, fue anulada posteriormente por una orden del Ejecutivo castellanoleonés, motivo por el cual las organizaciones agrarias acudieron a la Justicia, según ha recordado la Unión de Campesinos.
