UCCL pide acudir a la justicia para obtener lucro cesante por ataques del lobo

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha hecho hoy un llamamiento a los ganaderos de la Comunidad afectados por ataques de lobos para que acudan a la vía judicial con el fin de reclamar el lucro cesante por la pérdida del ganado.

El nuevo estatus otorgado al lobo por el Miteco, al abandonar el listado de las especies cinegéticas, incluso al norte del Duero, ha sido uno de los principales reveses citados por la UCCL durante el balance de 2021 y perspectivas para 2022 realizado esta mañana por su líder regional, Jesús Manuel González Palacín, y los también miembros de la organización Valentín García Fraile y Jesús Muñoz Martín.

Este último, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado públicamente que las indemnizaciones pagadas son "irrisorias" para compensar la pérdida de terneros, no más de 400 euros, y en tal sentido ha recordado que aquellos que han decidido ir a la vía judicial están obteniendo compensaciones de hasta 2.000 euros, al incluirse el lucro cesante.

"Se dice que el lobo es una especie en extinción, cuando la realidad es que los que corren peligro de extinción son los ganaderos", ha apuntado Muñoz, tras recordar los 2.500 ataques contabilizados en Castilla y León, con especial incidencia en la provincia de Ávila, que aglutina un total de 1.501, el 75 por ciento, seguida por las de Segovia y Zamora, con 465 y 209, respectivamente.

Pero además, UCCL, que pide la dimisión de la titular del Miteco, ha mostrado su profundo malestar con los estragos que está ocasionando a las cosechas la fauna salvaje, tanto jabalíes como corzos y ciervos, de ahí la solicitud de una regulación porque "los agricultores y ganaderos les están alimentando de forma gratuita, sin obtener un euro a cambio".

Con respecto al balance de 2021, el líder regional de UCCL, en declaraciones recogidas por Europa Press, reconoce que ha sido un año marcado por buenas cosechas, tanto en regadío como secano, cuyos rendimientos no han llegado a los agricultores debido al incremento de los costes de producción (fertilizantes, gasóleo y electricidad), y también por la negociación de una Política Agrícola Común (PAC) que no ha respondido a las expectativas del sector.

En este sentido, Valentín García Fraile ha acusado al ministro Luis Planas de haber "cambiado el paso" a partir de la Sectorial de Agricultura celebrada en julio cuando la petición unánime de las OPAs para que el Plan Estratégico consensuado en España incluyera la figura del Agricultores a Título Profesional o Agricultor Genuino como perceptor de las ayudas no fue atendida y se abrió una "peligrosa gatera".

A ello se suman a partir de 2023 siete nuevos ecoesquemas que se van a llevar el 23 por ciento del presupuesto y que "van a hacer cada vez más compleja la PAC", ha advertido García Fraile, quien, sin embargo, añade que a los agricultores y ganaderos no les queda otra que asumir el nuevo escenario ya que la Política Agrícola Común supone para ellos el 30 por ciento de sus presupuestos, sin los cuales se verían obligados a cerrar sus explotaciones.

El coordinador regional UCCL augura un 2022 "convulso" en el que la organización habrá de volver a salir a la calle, como ya hicieron en tres ocasiones en 2021, en especial para defender la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, debido también a la grave situación en la que se encuentra el vacuno de leche y para reclamar nuevas infraestructuras que incrementen la capacidad de regadío en Castilla y León.

En el primer caso, Jesús Manuel González Palacín reconoce que la ley es "muy bonita" pero que de nada sirve si se vende a pérdida, no se fijan a las grandes cadenas límites a la cuota de mercado y no se establecen igualmente costes de producción oficiales. Para ello, exige que el presidente del Gobierno siente en una mesa a la distribución y la obligue a cumplir la ley.