LEÓN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de residentes de varias asociaciones del sur de León ha lanzado una campaña "urgente" para detener la instalación de una macroplanta de biomasa, biogas, hidrógeno y placas solares que se planea construir junto al cementerio municipal de la ciudad.
En este contexto, los residentes han reclamado que la ubicación de esta planta estaría "muy cerca" de viviendas, colegios, centros deportivos, un centro de salud y el Coto Escolar, un "reconocido" espacio educativo natural galardonado con premios nacionales, lo que ha generado "gran preocupación" entre los vecinos al defender que esta infraestructura podría "poner en riesgo su calidad de vida".
Así, la principal inquietud que preocupa a este colectivo son los "riesgos para la salud" que numerosos estudios han asociado a este tipo de macroplantas y han advertido sobre un aumento en infecciones respiratorias, enfermedades crónicas y una "elevada emisión" de dióxido de carbono que contradice los beneficios ambientales que se prometen.
Asimismo, la proximidad a centros educativos y espacios de recreo ha provocado que muchos vecinos "teman por la salud de niños y adultos" y han exigido una evaluación "más rigurosa" antes de permitir su construcción.
Por otro lado, los vecinos han defendido que las promesas de ahorro energético del 20 al 30 por ciento en calefacción "no quedan claras en cuanto a las referencias y garantías" y los precios de la energía "fluctúan favorablemente para las grandes empresas del sector".
Además, el colectivo ha afirmado que "no están en contra del progreso ni de las energías renovables", pero sí rechazan que estos avances se implementen "a costa de su bienestar y del medio ambiente", al igual que han defendido "un modelo de empleo sostenible y responsable que priorice la salud y la protección del entorno".
Ante la situación, los residentes han decidido presentar un recurso contencioso-administrativo para frenar la construcción de la macroplanta, que es su "única vía legal" para proteger sus derechos y garantizar que se realicen estudios de impacto adecuados.
Sin embargo, para avanzar en esta acción legal necesitan fondos que cubran los costes judiciales y técnicos, por lo que han solicitado la colaboración de la comunidad y de quienes compartan su preocupación a través de donaciones. "Cada euro cuenta para frenar un proyecto que, de seguir adelante, podría tener consecuencias irreversibles para la comunidad", han afirmado.