Se pretende evitar "nuevos delitos" en 'El Feixolín' y "salvaguardar" los intereses de los trabajadores
LEÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó hoy en el Juzgado de Instrucción de Villablino (León) la intervención del Estado de la gestión y la administración de la antigua empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), hoy llamada Coto Minero del Cantábrico.
Según explicó el Grupo de Los Verdes en una nota recogida por Europa Press, con la apertura del procedimiento abreviado 927/2001, el Juzgado de Instrucción de Villablino ha culminado recientemente la instrucción de la causa abierta contra la MSP como consecuencia de las denuncias interpuestas por la posible comisión de un presunto delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
David Hammerstein, personado en dicho procedimiento, solicitó esta intervención estatal previos los trámites a que hubiere lugar como una "medida cautelar" para prevenir que no se cometan "nuevos delitos" en la explotación de carbón a cielo abierto de 'El Feixolín' y para "preservar y salvaguardar" los intereses de todos los trabajadores.
Al respecto, Los Verdes recordaron que esta explotación ya ha sido objeto de varias sentencias judiciales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en las que se decretó el cierre y clausura de la misma y señalaron que, recientemente, la Unión Europea dio "un último aviso" a España antes de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Justicia.
"Este nuevo procedimiento añade aún más incertidumbre sobre la continuidad de esta actividad ilegal, razón por la cual se entiende que debe procederse a una suspensión cautelar de la actividad extractiva y a la asunción por el Estado de la dirección de la empresa como única medida de salvaguarda de los derechos de los trabajadores y en orden a garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia medioambiental y ordenación del territorio", puntualizaron.
Al respecto, David Hammerstein explicó que la intervención estatal en la empresa es "la única forma" de proteger el empleo de los trabajadores y a la vez paralizar la "destrucción ambiental" de la mina de cielo abierto de Feixolín.
"Ya está bien de ceder al chantaje inmoral de un empresario que lleva años amenazando con un cierre patronal si se atreve cumplir con las leyes ambientales españolas y europeas. El estado debe actuar para salvar el empleo y la montaña protegida a la vez", reiteró.
SANCIÓN MULTIMILLONARIA
Por otra parte, el Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo aseguró el día 28 del pasado mes de noviembre que la Comisión Europea puede imponer a España una sanción multimillonaria por la actividad realizada en las explotaciones a cielo abierto de Laciana (León). "La Comisión Europea concede a España un plazo de 60 días para que justifique que las explotaciones de carbón a cielo abierto que se vienen llevado a cabo de forma ilegal desde hace más de una década en la comarca de Laciana (León) no infringen las Directivas Comunitarias en materia de espacios protegidos por la Red Natura 2000, en cuyo caso, el expediente abierto acabará en el Tribunal Superior de Justicia de la UE", declaró al respecto.
En su opinión, esta explotación supone un "atentado ecológico de grandes proporciones", un hecho recientemente confirmado por el informe elaborado a requerimiento del Juzgado de Instrucción de Villablino por el Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Universidad de León (ULE) y cuyas conclusiones "no ofrecen la menor duda" sobre la magnitud del "desastre medioambiental" producido por dicha actividad minera.
