PALMA DE MALLORCA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Unida (EU) denunció hoy que con la aplicación en España de la Directiva Europea de Servicios, más conocida como Directiva Bolkestein, más de 315.000 trabajadores del sector servicios de las Islas se verán afectados tras "liberalizarse" contratos laborales.
Así lo explicó hoy el coordinador de EU de Mallorca, David Abril, acompañado por el miembro de la dirección de EU, Alfonso Corbalán, quien expresó que esta directiva, con la simplificación de trámites en la contratación se servicios en la Unión Europea, pretende aprovechar la "mano de obra barata" y las legislaciones laborales y de protección social de los países "menos avanzados" en estos ámbitos, con indicadores más bajos como los que persisten en países de la Europa del Este, Portugal y Turquía --país con el que ya existen acuerdos comerciales--.
En este sentido, Abril destacó que con la excusa de contratar servicios en origen, se "aprovechan" de las condiciones de trabajo que existen en los países destinatarios, lo que consideró una "agresión directa" a la legislación laboral de países como España, que se basa en los estándares de la Orientación Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, Corbalán apuntó que "lo más grave" es que esta directiva aún no se ha empezado a aplicar en España --está previsto que se desarrolle y se empiece a aplicar en cada país a partir del año que viene, 2009, pues to que a finales del 2006 se estableció una 'directiva-marco'--, y ya se han detectado los primeros conflictos entre personal del sector servicios.
En sus declaraciones a Europa Press, tanto Abtil como Corbalán destacaron que en el sector terciario en Baleares, de los 421.000 afiliados a la Seguridad Social, un 85 por ciento son personas españolas --destacando de este porcentaje, que el 93,75 por ciento son mujeres--, mientras que el 15 por ciento restante corresponde a extranjeros.
Así, de este 15 por ciento, el 17 por ciento corresponde a ciudadanos marroquíes, siendo luego el 9.6 por ciento de Alemania, Reino Unido (8,1 por ciento), Italia (7,9 por ciento), Ecuador (8,9%).
Por su parte, Corbalán destacó que esta normativa favorece "completamente" al servicio de capital y de las empreas, y se "olvida" de la ciudadanía de la Unión Europea. Asimismo, recordó que por parte de los ciudadanos están "muy desinformados" respecto a esta normativa y sobre cómo puede afectar a sus condiciones laborales.
