LLEIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat sigue sin delimitar las fincas rústicas en las que tendra prioridad de compra, un derecho que adqurió en febrero de 2008, cuando entró en vigor la Ley de Contratos de Cultivo con la que a la larga podría crear un banco de tierras.

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Lleida, Antoni Vaquer, atriuye la falta de prisa del Gobierno de la Generalitat para definir las zonas en las que quiere comprar tierras a la falta de disponibilidad económica a consecuencia de la crisis.

El conseller de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Joaquim Llena, presentará esta tarde el libro 'Comentaris a la Llei de Contractes de Conreu' (Comentarios a la ley de Contratos de Cultivo), coordinado por Antoni Vaquer.

La ley intenta establecer, por primera vez en Catalunya, un régimen jurídico completo de los contratos de arrendamiento rústico introduciendo, además, alguna figura nueva como el arrendamiento de pastos o el arrendamiento con finalidad de conservación del patrimonio natural.

El libro repasa la regulación vigente, sin obviar los aspectos más polémicos de la ley, como la extensión a siete años de la duración mínima de los contratos. En opinión de Vaquer, "habrá que esperar un tiempo para analizar las consecuencias, si beneficia la estabilidad del agricultor y frena la posibilidad de ampliar las fincas a los productores interesados en seguir invirtiendo".

En el anáisis de la ley que recoge el libro participan, entre otros autores, Paloma de Barrón, Andrés Cosialls y Neus Cortada, de la Universitat de Lleida; Santiago Espiau, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Albert Lamarca, de la Universitat Pomepu Fabra (UPF), y Àngel Garcia Fontanet, de la Comissión Jurídica Asesora de la Generalitat.