BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes en Consell Executiu recurrir al Tribunal Constitucional (TC) las leyes estatales de integración de cooperativas y de funcionamiento de la cadena alimentaria al considerar que son "inconstitucionales".

Así, el Govern cree que la Ley 12/2013 estatal de fomento de la integración de cooperativas vulnera competencias exclusivas de la Generalitat, después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya emitido su dictamen.

Este órgano ha considerado que los apartados 2 y 3 del artículo 3 y el artículo 5 de la ley estatal vulneran competencias catalanas, y el Govern ha considerado que esta normativa es "una medida innecesaria e ineficaz" para solucionar la atomización del sector cooperativo.

También ha indicado que el ámbito supraautonómico de las entidades asociativas prioritarias que establece es "discriminatorio" y se debería suprimir y abrir a cualquier entidad del Estado que cumpla las condiciones exigidas, independientemente de su ámbito territorial.

SUBVENCIONES PÚBLICAS

El Govern añade que se crea una nueva estructura administrativa en contra de las políticas de simplificación, y en el articulado de la nueva norma se constata "indefinición" en los criterios de la dimensión necesaria de una entidad asociativa para ser prioritaria.

La Generalitat apunta que esto se hace sin tener la seguridad de que las directivas comunitarias permitirán dar ayudas a estas entidades que concentrarán grandes volúmenes de negocio, actualmente excluidas de subvención.

Así, el Govern mantiene que sin un régimen especial para las cooperativas agrarias de las ayudas comunitarias y de los Estados Miembros es "incierto" que las grandes entidades asociativas prioritarias puedan cumplir los requisitos para ser beneficiarias de subvenciones públicas.

CADENA ALIMENTARIA

El Govern también interpondrá recurso ante el TC por tres apartados de la ley 12/2013 del 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que vulneran los artículos 116 y 154 del Estatut.

Según el Estatut, se atribuye a la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) las actividades de seguimiento y control del sector agroalimentario en general y sobre los mercados oleícola y lácteo en particular, y el Govern expone que la competencia en esta materia no se puede trasladar al Estado en virtud del artículo 149, porque determina que corresponde a la Generalitat el cumplimiento de la gestión, la información, el seguimiento y el análisis de los mercados.

Así, Catalunya cree que no es necesaria la intervención de la Aica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores económicos del sector agroalimentario, ya que se reconocen a la Generalitat competencias exclusivas en esta materia.

El Govern también ha indicado que el precepto ignora las competencias reconocidas en el artículo 154 del Estatut, ya que considera que la Comisión Nacional de la Competencia --actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-- es el único organismo competente para sancionar las prácticas contrarias a la libre competencia en detrimento de la autoridad de Defensa de la Competencia.