Andorra podrá restringir la actividad económica en caso de crisis energética extrema

La declaración tendría una vigencia máxima de 15 días

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha entrado a trámite parlamentario el proyecto de ley de medidas de ahorro energético que en caso de llegar a una situación de crisis extrema prevé la restricción de actividades económicas o de la venta de combustible.

El texto, presentado este viernes por la ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, Sílvia Calvó, prevé tres niveles de medidas y se ha tramitado por la vía de urgencia con la voluntad que pueda entrar en vigor antes que empiece el invierno, informa el Ejecutivo en un comunicado.

Calvó ha subrayado que la ley establece los mecanismos y garantías jurídicas para minimizar el impacto sobre la población y el tejido empresarial del país de posibles escenarios de escasez de energía y ha dejado claro que el Gobierno ha decidido aprobarla por "responsabilidad política" pero con la voluntad de no tener que aplicarla en su totalidad.

Entrando al detalle, el primer capítulo permite al ejecutivo establecer acciones obligatorias vía decreto para favorecer una disminución del consumo energético, aplicables tanto al sector público como al privado por un plazo máximo de dos meses renovables.

Aquí se prevén restricciones en el uso de la calefacción, la climatización y el alumbrado en edificios públicos y privados, prohibiciones de la iluminación exterior de edificios y monumentos o limitaciones para la iluminación ornamental, como la navideña.

La ministra ha dejado claro que el mecanismo solo se utilizará en caso que las medidas pactadas previamente y de forma voluntaria con el sector empresarial no sean suficientes.

SEGUNDO Y TERCER NIVEL

En el segundo nivel de actuación se regulan los procedimientos a seguir en caso de cortes temporales del suministro eléctrico procedente de los países vecinos y se establece que las interrupciones no pueden afectar los servicios públicos y esenciales, que los cortes deben anunciarse con 24 horas de antelación como mínimo y no pueden durar más de dos horas y que se tienen que aplicar criterios de rotación entre sectores.

Finalmente, el tercer nivel es el que se desarrollaría en aquellos casos excepcionales cuando las medidas de los capítulos anteriores no sean suficientes para reducir la demanda de energía y comportaría la declaración por parte del Gobierno y a través de un decreto de la situación de crisis energética.

Sería aquí cuando el Gobierno podría ordenar el cierre total o parcial de empresas, industria, fabricas, talleres, instalaciones y servicios de cualquier naturaleza que consuman energía eléctrica o energías fósiles, establecer restricciones y prohibiciones del uso de vehículos de motor y de venta de combustibles.

Llegado el caso, la ministra ha dejado claro que los residentes en el país tendrían prioridad para adquirir productos como el carburante frente a los turistas.

15 DÍAS

Para poder decretar la situación de emergencia será necesario avisar al Consell General (Parlamento) y tendrá una vigencia máxima de 15 días, prorrogables únicamente con una autorización expresa del Consell General, siguiendo el mismo procedimiento que con la crisis sanitaria de la Covid-19.

El texto también incluye dos disposiciones finales que contemplan, en primer lugar, una ampliación del capital de FEDA (la compañía eléctrica nacional) de 15 millones de euros para compensar las pérdidas que acumula por el aumento de los precios de la energía.

En segundo lugar se ha previsto una "desconexión" de las tarifas de la energía fotovoltaica del resto de tarifas para dar seguridad jurídica a los inversores.