LLEIDA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juzgado penal número 2 de Lleida ha absuelto al presidente de Indulleida, Josep Maria Vendrell, y al director general, Marià Sorribas, de las acusaciones de falseamiento de las cuentas anuales de la entidad y del delito societario de abuso d mayoría. Las acusaciones provenían de un grupo de accionistas encabezados por Juan Domingo Català, que apoyado por el ex presidente de Indulleida, Josep Cabré, testificaron contra los acusados.
La vista oral se desarrolló durante diversas sesiones durante los meses de febrero y marzo pasados para acabar con la retirada de las acusaciones por parte del ministerio fiscal, que pidió la absolución para los dos acusados. Por su parte, la acusación particular, integrada por diversos socios minoritarios de Indulleida, solicitó la condena del acusado por un delito de falseamiento de cuentas anuales y por un delito societario de abuso de mayoría.
El Consejo de Administración y el Comité de Empresa han recibido la sentencia absolutoria con gran satisfacción y han declarado que siempre han tenido la confianza de que el procedimiento penal acabaría con la absolución de los acusados.
La sentencia especifica que la diferencia de valoración no afecta en ningún caso a los resultados de la empresa sin enmascarar ni ocultar nada. "Según los criterios tradicionales adoptados por la mercantil desde 1997, se valoran los 'stocks' de manera conservadora y prudente para evitar que de un ejercicio al otro se produzcan reducciones relevantes en la cuenta de explotación". Entre los hechos que la sentencia da por probados destaca la confirmación que fue el ex presidente, Josep Cabré, y no los actuales directivos, el que introduzco los cambios de criterios de valoración de 'stocks'.
El caso de Indulleida estaba centrado en un presunto delito alrededor de la valoración de la compañía que habría facilitado la venta de las acciones que Mercolleida tenía en la entidad a la cooperativa de segundo grado Actel. En un primer momento, el ministerio público solicitaba 18 meses de prisión para presidente y director y la acusación particular, tres meses.
