BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El propietario de una finca de la calle Rogent del barrio barcelonés del Clot, acusado de hacer 'mobbing' a la inquilina de la planta baja del inmueble cortándole el suministro de agua y negándose a hacer reformas, ha admitido este miércoles ante el juez que era arriesgado vivir en ese domicilio.
El procesado, José Ramón B., de 72 años, que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de coacciones, ha dicho durante la vista en la Ciudad de la Justicia que quería que la mujer Rosa T. abandonara el piso, "obviamente por las perspectivas económicas y además por el riesgo que suponía estar allí".
Ha manifestado que intentó llegar a un acuerdo con la inquilina pero que ésta le exigió una indemnización de 40 millones de euros, un extremo que la víctima, que ha declarado en calidad de testigo, ha negado rotundamente ante el juez.
Sobre esa reunión, Rosa T. --que nació en esa finca y sigue viviendo y trabajando en ella, donde tiene una tienda de cestos-- ha explicado que el propietario la amenazó con palabras como que "robaba la comida de sus hijos" y que se iría de allí quisiera o no, sin ofrecerle ningún tipo de acuerdo.
De hecho, la víctima ha relatado que el propietario estuvo hasta 14 años sin cobrarle el alquiler para provocar que la desahuciaran por no pagar, lo que no lograron pese a llevar el caso a juicio, ya que la Audiencia detuvo la ejecución.
SIN AGUA
José Ramón B. ha justificado que Agbar cortó el suministro de agua de la finca --donde sólo quedaba la víctima-- porque la mujer dejó de abonar la factura correspondiente, agregando que desconocía que llegarían a este extremo, convencido de que la inquilina cedería y abonaría la factura.
Sin embargo, la letrada de la acusación ha remarcado que la factura --de 186 euros por tres meses-- no correspondía al consumo real, puesto que no había contadores y se pagaba un canon fijo pensado para el gasto de las cuatro familias que antes vivían en el edificio, por lo que una mujer sola no podía consumir hasta 91 metros cúbicos de agua.
La víctima, que toma antidepresivos y medicamentos para dormir a raíz de este conflicto, ha detallado los problemas que ha sufrido desde que el actual propietario adquirió al finca en 1985: desde desprendimientos de los balcones y goteras, pasando por grietas en las paredes, tener la cocina apuntalada durante años, y abasteciéndose de agua de la fuente más cercana, aunque no puede caminar bien.
"NO ES UNA VIVIENDA, ES UN CASTIGO"
La mujer acudía casi semanalmente al Ayuntamiento de Barcelona a presentar quejas y, de hecho, logró que el consistorio ordenara en 2002 al propietario hacer obras, lo que éste realizó en un primer momento como ha constatado ante el juez la empresa de restauración contratada.
Sin embargo, al segundo requerimiento, el hombre decidió solicitar el derribo del edificio porque le pareció que las reparaciones que le pedían excedían "la normalidad", con lo que inició las obras y sólo quedaron en pie los bajos donde sigue viviendo Rosa T., que sigue pagando el alquiler.
No obstante vive sin agua ni acceso al contador de la luz, porque el propietario colocó una puerta al inicio de la escalera para evitar que entraran 'okupas' como ocurrió durante varios años.
Amigas y vecinos de la víctima han deplorado la situación desesperada en la que ha vivido la mujer, que durante el proceso también sufrió la pérdida de su marido, e incluso uno de los testigos ha dicho: "Eso no es una vivienda, es un castigo".