BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido este miércoles en responsabilizar al Gobierno central de los desahucios por haber recurrido la Ley 24/2015 de emergencia habitacional, pero ha explicado que también ha interpelado al Govern para "sumar esfuerzos" y para que se corresponsabilice en el asunto y no ejecute un desahucio sin comprobar que los afectados tienen garantizado su realojo.
"Mientras no se apruebe la nueva herramienta que supla el vacío después de la suspensión de la 24/2015, más allá de las competencias, somos responsables de la vida de la gente que está en nuestro territorio", ha aseverado Colau en rueda de prensa después de haber pedido a Govern y Mossos d'Esquadra que no ejecuten desahucios si afectan a menores.
Preguntada por los periodistas después de que la policía catalana haya lamentado su crítica, Colau ha asegurado que no interpelaba a los Mossos, sino al Govern, porque es quien tiene la responsabilidad política de dar órdenes, y ha añadido: "Atenta contra el sentido común enviar a cuatro furgonetas antidisturbios para sacar a una madre con tres niños", como el caso que se ha producido la mañana de este mismo miércoles.
Colau ha exigido al Govern agilizar al máximo posible los trámites para tener efectiva una herramienta para sustituir la Ley 24/2015, y ha insistido: "Mientras tengamos esta situación injusta, este vacío injusto de legalidad, juntemos esfuerzos para evitar los desahucios y garantizar los realojos".
La primera edil ha pedido a la Generalitat que, cuando reciba una orden de desahucio que se deba ejecutar, se ponga en contacto con el Ayuntamiento para conocer todas las gestiones y para "sumar esfuerzos" para evitar o posponer la ejecución, volviendo a negociar y recurriendo a instrumentos que critica que no se han usado en este caso.
Ha aseverado que, si finalmente la orden se debe ejecutar, "lo que el Govern no puede hacer como administración pública es desentenderse del destino de la familia", por lo que debe asegurarse de que cuente con un lugar de realojo garantizado, que en este caso lo ofrece el Ayuntamiento, que ha puesto a disposición de los afectados un piso que, si no está en las condiciones óptimas, se adecuará, proceso durante el que se alojarán en una pensión.
CASO EJEMPLAR
"Hacía mucho tiempo que no veíamos unas imágenes como estas en Barcelona. Cuatro furgonetas antidisturbios actuando con fuerza para desahuciar a una mujer con tres niños muy pequeños", ha lamentado Colau, quien ha dicho que este es, en el peor sentido de la palabra, un caso ejemplar para que algo así no se vuelva a repetir.
Colau --que ha anunciado que este jueves el Ayuntamiento ofrecerá datos sobre vivienda y desahucios-- ha explicado que la mujer dejó de pagar el alquiler por incapacidad económica y vulnerabilidad, y que el piso no era de un pequeño propietario que tuviera la necesidad de cobrarlo, sino un gran tenedor "con decenas de pisos en Barcelona".
Asegura que el propietario quería vacío todo el edificio para poder especular con el bloque entero, y ha garantizado que el Ayuntamiento se ofreció a pagar el alquiler y a buscar soluciones, pero que el propietario se negó, por lo que cree que se trata de un "gran tenedor con mala fe que ha actuado anteponiendo los intereses especulativos por encima de los derechos fundamentales".
AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS
Los ayuntamientos no tienen competencias en vivienda pero dan respuesta a la emergencia habitacional pese a estar "ahogados", ha dicho Colau, quien ha agradecido a entidades vecinales y colectivos que combatan los desahucios y les den visibilidad, entre ellos la PAH --de la que fue portavoz--, que había convocado una concentración para evitar el desahucio.
Colau también ha pedido más colaboración y sensibilidad a los juzgados mientras no se cuente con una nueva normativa, y ha añadido: "Sabemos que deben cumplir la ley, pero son sensibles a los derechos fundamentales y de los niños".