BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha asegurado este miércoles que el Gobierno municipal hace una mala gestión y adjudicación de las viviendas de protección oficial, lo que provoca "un despilfarro de recursos y que sean ocupados de forma irregular, a menudo por inmigrantes que generan hechos delictivos en el barrio".
En rueda de prensa frente al edificio de la calle Sant Eloi donde desde 2008 residen familias de forma irregular, ha lamentado que la lentitud en las adjudicaciones provoca que las viviendas queden vacías y sean ocupadas ilegalmente, por lo que pide que se agilicen los procesos de adjudicación para evitar que acaben "convirtiéndose en guetos".
Fernández ha reclamado que a corto plazo se desalojen todos los pisos ocupados de forma irregular, se reparen los desperfectos y se vuelvan a adjudicar las viviendas, como pedirá en la próxima comisión de urbanismo del consistorio, ha dicho tras la rueda de prensa a algunos de los ocupantes de los pisos.
Ha destacado que las ocupaciones generan sobrecostes porque se deberán rehabilitar los edificios y porque el consistorio contrata servicios de vigilancia, que en el caso de Sant Eloi asciende a los 22.965 euros al mes, lo que según Fernández equivaldría a casi 1.000 euros mensuales por piso del edificio --tiene 28 habitados-- y "al dinero con el que se podrían pagar 80 alquileres sociales".
La vivienda de la calle Sant Eloi, acabada en 2008 y construida con un coste de 2,13 millones de euros en un solar cedido por el consistorio, fue desalojada en diciembre de 2013 y en enero de 2014, y actualmente cuenta con 12 pisos ocupados ilegalmente, 16 vacíos y cuatro regularizados, situación que según Fernández prueba la "mala gestión" y desacredita al consistorio y a la Generalitat para multar a las entidades financieras por los pisos vacíos.
SIN ALTERNATIVA
El cabeza de familia de uno de los pisos ocupados, Miguel, ha asegurado a Europa Press que no reciben atención de los servicios sociales pero que tratan de llegar a un acuerdo con el administrador del edificio, Adigsa, y que no se niegan a pagar pero no les dan la opción de hacerlo: "Somos jóvenes, padres todos con hijos, necesitamos una solución".
Ha explicado que todas las familias, que llevan tres años en el edificio, tienen al menos dos hijos, y otro residente, Antonio, ha remarcado que la única alternativa que tienen es "un colchón en la calle".
"Sólo tenemos esta chabola que nos ha dado Dios, y ahora nos la quieren quitar", ha remarcado, y tras la rueda de prensa han expuesto su situación al líder popular, quien les ha sugerido que acudan a servicios sociales y ha coincidido en que necesitan una solución.