ICV-EUiA gastó más que ERC y el gasto ordinario del PP es similar al de CiU y el PSC pese a tener tres veces menos de electores
BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los seis partidos con representación en el Parlament cometieron algún tipo de irregularidad administrativa en la campaña de las últimas elecciones autonómicas de 2006. Así se desprende del informe fiscalizador de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, que hoy tramitó a la cámara.
CiU, ERC e ICV-EUiA sobrepasaron el tope que, según la ley, pueden destinar a 'mailing', cifrado en 1,01 millones por partido con representación parlamentaria. Sin embargo, ninguno de los seis sobrepasó el límite legal en gasto ordinario, publicidad exterior y anuncios en prensa y radios de titularidad privada.
En cuanto a donaciones anónimas, los auditores han detectado que C's recibió aportaciones superiores al máximo legal, que es de 6.010,12 euros por persona. Concretamente, se detectaron dos donaciones por encima de este tope, una de 60.000 euros y otra de 7.250 euros.
Además, el partido no apuntó el nombre, DNI y dirección de los donantes, requisitos que los partidos tienen que cumplir según la legislación vigente. En el caso del PSC, no se anotó el DNI y la dirección de los donantes.
ICV-EUiA GASTÓ MÁS QUE ERC
El informe detalla que, en los gastos ordinarios de la campaña electoral, el PP catalán gastó 2,17 millones de euros, a poca distancia de lo que gastó CiU (2,58 millones) y el PSC (2,24). El PP consiguió el 10,65% de los votos, tres veces menos que CiU (31,52% de los sufragios) y que el PSC-CpC (26,82%).
Los gastos electorales ordinarios de ICV-EUiA se elevaron a los 1,19 millones, cuantía sensiblemente superior a los 817.412,28 euros que gastó ERC. Los republicanos consiguieron el 14,03% de los sufragios, frente al 9,52% que lograron los ecosocialistas. Los gastos ordinarios de C's en la campaña ascendieron a 385.163 euros.
Ningún partido sobrepasó el límite de gastos ordinarios que pueden gastar en una campaña. En las autonómicas de 2006, esta cifra se situó en los 2,58 millones de euros, y CiU fue la formación que se acercó más al límite, quedándose a escasos 3.582,45 euros del tope.
PROVEEDORES QUE NO JUSTIFICAN PAGOS
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que las entidades financieras que hayan financiado una campaña y los proveedores que facturen más de 6.012,12 euros en la campaña por gastos electorales tienen que informar de ello al órgano de control externo correspondiente.
Pese a ello, el informe fiscalizador detecta que no todos los proveedores informan a la Sindicatura. En el caso de CiU, 10 de los 48 proveedores no enviaron la factura al órgano fiscalizador; en cuanto al PSC, cinco de 50 proveedores; en ERC, de 28 no lo hicieron 19; en el PP catalán, 9 de sus 32 proveedores no lo hicieron; de ICV-EUiA, de 15 no lo hicieron cinco; y en el de C's, de sus 14 proveedores que facturaron más de 6.012,12 euros, no lo comunicaron a la Sindicatura siete.
REGISTRO DE GASTOS ELECTORALES
Además, la Sindicatura detecta irregularidades en la forma que el PP e ICV-EUiA registran estos gastos electorales. En el caso de los populares, se registraron las facturas directamente a la tesorería, e ICV-EUiA lo hizo en una cuenta global de proveedores, cuando lo recomendado es hacerlo en cuentas de proveedores individualizadas.
La forma de proceder de ICV-EUiA y el PP "dificulta la identificación de los proveedores" que facturan más de 6.010,12 euros a los partidos --los gastos por encima de esta cuantía tienen que justificarse-- por lo que la sindicatura, en sus conclusiones, considera que "no es una práctica recomendable a efectos de control interno".
En cuanto a CiU, el informe fiscalizador cree que la federación nacionalista tendría que haber facilitado una "justificación más cuidada" de los gastos que pagó en concepto de dietas a sus colaboradores en la campaña.
MÁS GASTO DE LO PERMITIDO EN 'MAILING'
De acuerdo con la normativa, los partidos no podían gastar más de 3,59 millones de euros en la campaña electoral. Concretamente, no podían exceder de 2,58 euros en gasto ordinario y en 1,01 millones en mailing.
Pese a que la normativa lo especifica, tres partidos sobrepasaron el tope en 'mailing': CiU lo superó en 11.889,89 euros; ERC, en 87.232,33 euros e ICV-EUiA, en 1.865,84 euros. La Loreg también establece que, del total de gastos ordinarios, no pueden gastarse más del 25% en publicidad exterior --carteles, banderolas y pancartas-- y los partidos tampoco pueden destinar más del 20% en publicidad en prensa periódica y emisoras de radio de titularidad privada. En ambos casos, los partidos respetaron estos límites.
GASTOS FACTURADOS FUERA DE PLAZO
La Sindicatura de Cuentas también detecta que ERC pagó a proveedores más tarde de los 90 días que establece la legislación. Así, del total del gasto corriente de ERC (415.196,67 euros) en la campaña electoral de las autonómicas de 2006, 21.994,76 euros se abonaron a sus proveedores fuera del plazo que marca la legislación.
Además, los auditores ponen de manifiesto que los republicanos emitieron dos facturas con fecha posterior a la de las elecciones.
RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES
Una de las dificultades con las que topan los auditores es que "hay operaciones similares que son tratadas de forma diferente por las distintas formaciones políticas". Ejemplos concretos de ello son "las aportaciones de los partidos en la campaña electoral o el registro de las subvenciones a recibir en la campaña", asegura la Sindicatura en un capítulo del informe fiscalizador dedicado a recomendaciones.
Por ello, los auditores reclaman "una normativa más concreta del registro de las diversas operaciones", para que su tratamiento y registro contable sea el mismo, lo que facilitaría su tarea de control.
Asimismo, las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas no están cerradas en la misma fecha. Según los auditores, la normativa "tendría que definirla de forma expresa y convendría que fuera posterior a los 90 días después de las elecciones". Así, se simplificaría la gestión administrativa y de control.
La Sindicatura también recuerda que legislación actual no establece sanciones ni la revocación parcial o total de las subvenciones recibidas por las irregularidades detectadas. Por ello, piden al legislador que incorpore estas cuestiones "en la normativa electoral aplicable".
