Un año de prisión para el propietario de un bar por contaminación acústica

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año y dos meses de prisión y a una multa de 720 euros al propietario de un bar barcelonés por un delito contra el medio ambiente.

Miguel G. regentaba el Bar Tarkus de la calle Avinyó desde junio de 1988 y, en 1996 lo convirtió en un bar musical, donde instaló una cadena sin limitador de sonido y organizaba sesiones de música en vivo sin tener licencia.

La vecina del piso de encima del local, Marta G., denunció en abril del 2008 al propietario del bar, alegando que estaba abierto de forma ilegal de martes a sábado --desde 22 horas hasta las tres de la madrugada-- y que le impedía "descansar y conciliar el sueño" y sufría cansancio crónico y estrés, según la sentencia.

Las inspecciones posteriores determinaron que el ruido que generaba superaba en 10 decibelios el permitido por la ordenanza municipal, por lo que se le abrió un expediente administrativo sancionador en el que se le solicitaba el acondicionamiento del bar y, tras ignorarlo, el Ayuntamiento pidió en marzo de 2009 su cierre.

Dado que Miguel G. mantenía el funcionamiento habitual del bar, la Guardia Urbana trasladó el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona para que iniciara diligencias penales.

El fiscal, que pedía cuatro años de prisión para el propietario y el cierre del local, constató los hechos denunciados por la vecina, y los expertos determinaron que los ruidos podrían ocasionar "insomnio, estrés, cansancio crónico, ansiedad, irritabilidad, depresión, enfermedades, cardiovasculares y comportamientos antisociales", según recoge el texto.

Celebrado el juicio, el magistrado ha valorado los hechos como un delito contra el medioambiente agravado por la clandestinidad del local --sin autorización--, la desobediencia del procesado que tardó dos años a acondicionar el bar, la falsificación y ocultación de información, la obstaculización de la inspección, el riesgo de deterioro irreversible y el caso específico de extracción de aguas.

Además de condenarle a un año de prisión, el juez ha inhabilitado a Miguel G. durante seis meses para realizar actividades relacionadas con su profesión y ha desestimado el cierre del local como pedía en un primer momento la Fiscalía.