Avisa de que "llegará un punto en que se tendrá que sancionar" a empresas y administraciones
BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha avisado respecto a la obligación que se aplicó hace un año para empresas y administraciones de tener un canal interno para denuncias por corrupción que solo lo han registrado 1.514 de las aproximadamente 8.000 que deberían tenerlo, es decir, un 18,93%.
"Es un problema porque ya ha pasado un año y hay esta obligación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que una cosa es hacer una norma y otra cosa es que la sociedad tome conciencia de la necesidad de aplicar esta norma y de conocerla, incluso", ha dicho en una entrevista de Europa Press en referencia al primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de protección a los alertadores de corrupción.
Antifrau tiene competencia para sancionar estos incumplimientos, pero por ahora no lo ha hecho, y Gimeno apuesta por avisar a quienes lo incumplan con "la filosofía de primero ayudar, hacer difusión" de esta obligación que afecta a instituciones públicas y a empresas de más de 50 trabajadores.
Los 1.514 sistemas internos de denuncia que se han registrado ante Antifrau el último año pertenecen principalmente a administraciones, si bien Gimeno señala que en el sector público aún faltan entes por registrarse y recuerda que "en Catalunya hay 947 municipios y no están todos, ni mucho menos".
En este sentido, Gimeno tiene en cuenta que la Ley de protección a los alertadores de corrupción se aprobó "en vísperas de las elecciones municipales, cuando había unos gobiernos locales que no se presentaban a las siguientes, que no estaban preocupados de lo que se tenía que hacer porque ya no estarían", y a la vez cree que algunos nuevos equipos de gobiernos municipales han llegado al consistorio sin conocer esta obligación o cómo cumplirla.
A pesar de esto y de su apuesta por la difusión y primar los avisos a los incumplidores, el director de Antifrau advierte de que "llegará un punto en que se tendrá que sancionar, porque llegan denuncias" al respecto.
ALGUNOS SON "REACIOS"
Gimeno ha criticado que a pesar de que la obligación la fija una ley de alcance estatal estas sanciones solo podrán aplicar en Catalunya porque es la única Comunidad Autónoma que ha nombrado una autoridad independiente de protección al informante, una función que ejerce Antifrau y que "el Gobierno de España todavía no ha denominado" a nivel estatal.
También ha lamentado "el ejemplo que da" esta situación, al no haberse nombrado a una autoridad nacional independiente ni haberse creado un reglamento al respecto.
"La verdad es que decirle al alcalde de un pueblo de 300 habitantes que no tiene recursos, que aplicarlo le comportará dificultades, que tiene toda la culpa y se le impone una sanción, la verdad es que no parece que sea muy razonable", ha dicho tras comentar que habilitar este canal interno de denuncias supone recursos extra tanto para una institución como para una empresa.
Gimeno considera que esta falta de registros de canales internos de denuncia se deben a que algunos son "reacios a actuar en este sentido", mientras que en otros casos lo atribuye a desconocimiento de la ley.
LAS DENUNCIAS A ANTIFRAU "SE DISPARAN"
La ley establece que además de este canal interno en la empresa o institución debe existir también un canal externo para recibir denuncias de corrupción: desde que Antifrau empezó a hacer esta función hace un año y hasta el 29 de febrero de este año ha recibido 420 denuncias.
Una vez recibidas, Antifrau estudia la verosimilitud de la denuncia y durante este tiempo ha enviado 153 casos a los entes competentes para investigar el caso.
Por cifras anuales, Gimeno destaca que los datos de 2023 "se disparan" en comparación a años anteriores, con 827 denuncias el año pasado y 554 el anterior, un crecimiento que se mantiene desde 2016, cuando recibieron en torno a 150 denuncias.
Durante el año pasado también recibieron 29 peticiones de protección a alertadores y en los dos primeros meses de 2024 otras seis, y en cuanto a esta competencia Gimeno ha explicado que la ley prevé medidas como ofrecer atención psicológica y asistencia financiera en caso de represalias a los denunciantes, y considera que un reglamento debería concretar cómo aplicarlo y con qué recursos.
MISMOS RECURSOS, MÁS COMPETENCIAS
Gimeno también ha destacado que las competencias añadidas que les otorgó esta ley que ahora cumple un año las desempeñan con los mismos recursos que ya tenían antes, lo que les hace estar "un poco forzados" en cuanto a volumen de trabajo.
"Hemos tenido que dividir los recursos de las cosas que teníamos antes por las competencias nuevas que tenemos ahora, que son muchas, complejas y nuevas. Estamos elaborando doctrina, y cuando estás elaborando doctrina no tienes la seguridad de cuando ya está elaborada", y ha señalado que eso les dificulta el procedimiento.
En este sentido, ha destacado que el proyecto de presupuestos de la Generalitat prevé crear 10 plazas más para Antifrau: "Resumiendo, ruego más que el presidente de la Generalitat que haya presupuestos, porque si no hay presupuestos nos quedaremos como estamos, no sé qué solución tenemos".
