Asval celebra el dictamen del CGE porque la proposición de ley "invade competencias del Estado"

Archivo - Fachada de un edificio, en una foto de archivo
Archivo - Fachada de un edificio, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 4 agosto 2026 19:33

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha celebrado el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposición de ley para limitar la compra de vivienda en Catalunya, ya que considera que la iniciativa "invade las competencias del Estado" sobre las bases de las obligaciones contractuales, explica en un comunicado este martes.

Afirma que la proposición "lesiona los derechos a la propiedad y a la herencia del artículo 33 CE, es contraria a la libertad de empresa por no superar el test de proporcionalidad y adolece de tal falta de certeza y previsibilidad que vulnera el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE", a lo que se suma, dice, su difícil encaje con las libertades de circulación de capitales y de prestación de servicios del derecho de la Unión Europea.

Considera que el acceso a la vivienda requiere un marco regulatorio estable, previsible y respetuoso con el Estado de Derecho, pero que "impulsar normas que después son cuestionadas por vulnerar principios básicos del derecho solo aumenta la incertidumbre y retrae la inversión necesaria para ampliar la oferta residencial".

Asval defiende que Catalunya "necesita políticas que incentiven la creación de vivienda y ofrezcan seguridad jurídica, no iniciativas que incrementen la litigiosidad y dificulten el desarrollo de un mercado del alquiler sólido y accesible".

Por último, señala que, aunque el dictamen no tiene carácter vinculante, el Govern y los grupos que impulsan la iniciativa "deberían tomarlo en consideración y retirar definitivamente la proposición de ley".

"Insistir en su tramitación sería aprobar a sabiendas una norma llamada a ser anulada, con el consiguiente coste en seguridad jurídica y, eventualmente, en responsabilidad patrimonial para la propia Generalitat", ha añadido.

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