La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de las diligencias sobre el presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra a sindicalistas, periodistas y abogados por su perfil constitucionalista, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ya archivó las querellas presentadas por un presunto espionaje político por parte de los Mossos a estas personas al rechazar que las investigaciones se hicieran por "motivos de carácter político", aunque la Fiscalía recurrió esta decisión.
Este juzgado aglutinó varias querellas presentadas por el abogado José María Fuster-Fabra en su propio nombre y en el de otros afectados, después de que se hicieran públicos informes de la Comisaría de Información de los Mossos que se iban a quemar en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), cuando fueron interceptados en una operación de la Policía Nacional.
La Audiencia considera en un auto, consultado por Europa Press, que "la prosecución de las diligencias, a la vista de la información disponible, no resulta justificada".
Rechaza que la destrucción de documentación en la incineradora "fuera anómala o irregular, sino lo contrario, esto es, que se siguieron los protocolos".
NO VE DELITO
Sobre la documentación que los Mossos llevaron a quemar a la incineradora, afirma que el examen de los datos investigados pone de relieve "que no se llevó a cabo acción alguna de obtención de información por parte de los Mossos d'Esquadra que por sí misma pudiera constituir delito".
Según el tribunal, en los seguimientos no se captó información interceptando contenidos con medios técnicos ni se llevaron a cabo registros informáticos directos o remotos, ni domiciliarios, ni se usaron instrumentos de indagación invasivos.
"La obtención de la información la llevaron a cabo funcionarios públicos a través de su percepción directa, y esta se produjo en espacios públicos", afirma.
"SITUACIÓN CONVULSA"
Considera que no todos los seguimientos denunciados por los afectados lo fueron en sentido estricto, y recuerda que en esas fechas, en el año 2017, en Catalunya existía "una situación convulsa", en la que hubo muchas manifestaciones, dándose cobertura a 961 manifestaciones.
Así, apunta a que muchos de estos seguimientos se pudieron deber a posibles riesgos para el orden público convocadas por organizaciones de signo contrario o por la presencia de personas de relevancia pública en actos, para prevenir posibles riesgos de ataque contra las mismos.
QUERELLAS
El abogado José María Fuster-Fabra se querelló contra los Mossos por presunto espionaje y también lo hizo en nombre del exlíder de SCC José Ramón Bosch; el secretario general del sindicato de la policía catalana SPC, David José, y su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer, y otra de la Plataforma Barcelona con la Selección, entre otras.
Las querellas se dirigían contra los funcionarios de los Mossos que puedan ser identificados como culpables de los seguimientos y por los delitos de prevaricación, malversación y revelación de secretos.
