TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una auditoría del Ayuntamiento de Roda de Barà, gobernado hoy por Mayte Huerta (PSC), detectó presuntas irregularidades urbanísticas en la gestión de CiU y del ex alcalde Pedro Figueiredo (PP) en el consistorio.
Según informó el ayuntamiento en un comunicado, a partir de un informe de la interventora municipal, en que advertía de dichas irregularidades, Huerta puso en conocimiento del juez de El Vendrell las conclusiones del documento en marzo, y dos meses más tarde encargó una auditoría de apoyo que constanta la presencia de irregularidades desde 2004 y que afectan también al ejercicio de 2008.
Así, la auditoría detectó derechos pendientes de cobro de subastas que se realizaron bajo mandato de CiU, destacando que el consistorio "invitaba a las empresas del entonces concejal de Urbanismo Pere Virgili y del de Hacienda José Donoso a participar en las subastas".
Además, destacan que el ayuntamiento "permitía que diversas empresas de un mismo socio concurriesen a la subasta de las mismas fincas ofreciendo diferentes precios", así como que se adjudicaron subastas "nulas de pleno derecho".
El informe, que también estudió los contratos y la recepción de obras realizadas en 2008, detectó que dos de ellas carecen del proyecto de obra preceptivo. Se trata de un depósito de agua valorado en 605.000 euros y unos bajantes de agua por un valor de 25.000 euros.
También constata que durante el pacto CiU-PP al frente del ayuntamiento se contrató a un asesor por dos años "cuando legalmente sólo podía haberse hecho por un año" al tratarse de una contratación eventual de personal de confianza, así como que en 2008 se realizaron adelantos de dinero sin justificación.
En concreto, 75.000 euros fueron para el entonces alcalde Pedro Figueiredo (PP), 12.000 para el tesorero, y 10.000 euros para el interventor de entonces, Lluís Caramés. Además, la auditoría señala que Figueiredo concedió adelantos también a una agencia de viajes antes de que prestase el servicio.
La normativa, sin embargo, destaca que para obtener un adelanto para gastos protocolarios se requiere una solicitud que especifique el objetivo del dinero, una resolución del órgano competente para autorizar el gasto y de una orden de pago firmada por el alcalde, el interventor y el tesorero.