Pide mejorar la eficacia contra los 'narcopisos' y plantea informar desde la Ciudad de la Justicia
BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona intervino el año pasado en 1.270 procesos de lanzamiento, y en menos del 20% de los casos fue notificado en una etapa inicial en la que pudiera tomar medidas preventivas para evitar el desahucio, ha explicado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.
Ha criticado, en declaraciones a los medios tras una reunión sobre el protocolo sobre desahucios en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el Ayuntamiento fue alertado del resto de casos al final del procedimiento --sin tiempo suficiente para buscar medidas preventivas--, y que el 60% fueron notificaciones de asistencia en la comitiva judicial que ejecuta la orden.
Ortiz ha explicado que contabilizaron el año pasado 505 casos en que se actuó de forma preventiva y se resolvieron positivamente, y en 250 entregaron las llaves antes del desahucio, lo que constata que una intervención temprana de los servicios sociales permite que el proceso sea "menos traumático".
Por este motivo, ha pedido que los juzgados comuniquen al consistorio todos los casos de desahucio que se admiten a trámite desde el principio del procedimiento, para dar más tiempo a los servicios municipales para actuar de forma preventiva, y no como urgencia, a lo que condiciona la prórroga de este protocolo.
El asunto volverá a abordarse dentro de dos meses en un nuevo encuentro de la comisión de seguimiento del protocolo, que reúne periódicamente a representantes de las instituciones que lo firmaron en 2013: el TSJC, el Ayuntamiento, la Generalitat, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y el de Procuradores de los Tribunales de Barcelona.
Además, si se actúa desde la prevención, el gasto medio para los servicios sociales es de 998 euros por caso, mientras que este aumenta a 3.336 euros si ya se ha perdido la vivienda, por lo que quieren priorizar la vía de la prevención, también estudiando la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda informar en un espacio de la Ciudad de la Justicia a afectados por estos procedimientos que acudan para realizar trámites judiciales, un ofrecimiento que se les ha hecho desde el TSJC, según ha informado el alto tribunal catalán.
'NARCOPISOS'
También ha pedido un protocolo específico para ocupaciones perniciosas --las que generan un impacto negativo en el entorno, como 'narcopisos' y otras actividades ilícitas--, para actuar coordinadamente y permitir que el Ayuntamiento avise de casos prioritarios ---al alertar de uno en Trinitat Vella le respondieron que no estaba habilitado para ello, ha explicado--.
Quieren que se permita agrupar diversas causas para que las órdenes de desalojo de pisos de un mismo edificio puedan ejecutarse conjuntamente en un mismo día, para mejorar su efectividad, ha explicado Ortiz, que también ha planteado la necesidad de modificar el régimen de comunicaciones entre los agentes implicados en casos de desahucios y aclarar las funciones de los equipos municipales.
DESAHUCIOS CON FECHA ABIERTA
Los letrados municipales han recordado que los desahucios con fecha abierta vulneran los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos asumidos por el Estado español, y han alertado de que se han incrementado en 2018: hubo 55 durante el año ---afectaron a 111 adultos y 82 menores--, mientras que en 2017 hubo ocho, afectando a 13 adultos y seis menores.
El decano del Colegio de Procuradores, Ignacio López, ha asegurado en declaraciones a los medios antes de Ortiz que más de la mitad de los lanzamientos del año pasado se tuvieron que suspender en alguna ocasión, y que entre 150 y 200 se tuvieron que posponer por la actuación de plataformas y activistas, según él.
Ha dicho que deben respetarse los derechos de los propietarios --que ha recordado que no sólo grandes tenedores, sino también particulares-- y que se deben poderse cumplir las resoluciones judiciales, por lo que en casos como este el juez tiene que optar por un desalojo con fecha abierta, según él, que ha criticado que el Ayuntamiento carece de viviendas sociales suficientes.
