El Ayuntamiento estudia personarse contra los empresarios imputados por la trama de Ciutat Vella

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona estudia personarse contra los empresarios imputados por la trama de presuntas irregularidades en la concesión de licencias en el distrito de Ciutat Vella, ha explicado este jueves la portavoz del Gobierno municipal y edil de Ciutat Vella, Assumpta Escarp en declaraciones a los periodistas.

En el caso están imputados unos 25 empresarios de Ciutat Vella relacionados con los sectores de la hostelería y la restauración. Se trataría de los propietarios de viviendas turísticas o de restaurantes y sus nombres aparecieron relacionados con uno de los principales imputados, Joaquim Quílez, a quien supuestamente habrían pagado por "adecuaciones de procedimientos administrativos y licencias".

Tras el anuncio de los vecinos de Ciutat Vella de personarse por la trama, Escarp ha aplaudido la decisión porque tendrán acceso al sumario y "esto siempre puede facilitar todas las informaciones", aunque les ha advertido de que el Ayuntamiento ha hecho aflorar desde el principio los casos de presunta corrupción después de que los vecinos hayan acusado al consistorio de inacción.

"Inactividad del Ayuntamiento, ni una", ha asegurado Escarp, quien ha recordado que el consistorio está personado desde julio contra un ingeniero y dos ex funcionarios municipales, y "está mirando si personarse contra otras personas imputadas en el propio proceso", en referencia a los empresarios.

Por ahora, se ha personado contra el ingeniero Quílez, el funcionario Heliodoro Lozano --que había sido jefe de servicios técnicos del distrito-- y la funcionaria Elena Ariza --que había ocupado diversos cargos técnicos en Ciutat Vella, el último, como secretaria técnico-jurídica--. Además, ha aportado cuatro peritos municipales que actúan como peritos judiciales.

Escarp ha recordado a los vecinos que han cerrado más de 900 apartamentos turísticos que actúan sin licencia, y que últimamente han conseguido "alguna buena sentencia" judicial para clausurarlos cuando no les ha sido posible por la vía administrativa. Además, inspeccionan todos los que tienen licencia de acuerdo con el nuevo Decreto de la Generalitat y el Plan de Usos.