BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF) han suscrito este jueves un convenio de 140 millones de euros para financiar en un plazo máximo de 10 años 1.000 viviendas en régimen de alquiler asequible (60%) o coviviendas (40%) en la ciudad.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicado que es la mayor operación de crédito público en Catalunya y España que se hace en un Ayuntamiento, "en las mejores condiciones posibles en un momento que es crítico a nivel económico", durante la firma del convenio en el Saló de Cent.
El acuerdo prevé poner el crédito, que aportarán el ICO y el ICF a partes iguales, a disposición de fundaciones y cooperativas de vivienda con el aval municipal "fortaleciendo" una economía social y sin ánimo de lucro, y que también tendrá en cuenta criterios ambientales para otorgar los préstamos.
En concreto, las operaciones de financiación cubrirán hasta el 100% del coste del proyecto con el límite máximo del valor de tasación excluido el suelo y en función de los módulos vigentes --con carácter orientativo, el límite de 2022 marca 120.000 euros por vivienda-- y se podrá devolver el crédito a un plazo máximo de 30 años.
Colau ha tachado de absolutamente fracasada la intervención municipal de años anteriores que consistía en facilitar suelo y financiación para hacer vivienda de protección oficial y que, según ha criticado, se ha privatizado en detrimento del parque público de vivienda: "Este modelo ya forma parte del pasado, ya no volverá".
Ha destacado el trabajo desde Barcelona para estudiar experiencias europeas como la vivienda industrializada con módulos o las viviendas cooperativas con acuerdos públicos, y ha instado a "arreglar" el hecho de que España sea de los países europeos con menos vivienda pública así como a priorizar --literalmente-- la vivienda por delante del derecho privado a especular con ella.
La primera edil de la capital catalana ha posicionado a la ciudad como la "punta de lanza" de las políticas de vivienda del futuro, y ha dicho que espera que sea fruto de inspiración, en sus términos, para otras administraciones.
BANCA PÚBLICA
La directora general de Negocios del ICO, Rosario Casero, ha dicho que, como banca pública, su objetivo también pasa por hacer de catalizador para que los privados "quizás, no hoy, pero dentro de dos años, vean que esto es un buen riesgo, que se puede estructurar" y cuenta con el apoyo del sector público del Ayuntamiento de Barcelona.
La representante del banco público estatal ha añadido que Catalunya ha sido una comunidad autónoma "tradicionalmente muy activa" en la promoción de vivienda social de alquiler: representa un 15% de la actividad del ICO en esta materia, ha recordado.
Para el consejero delegado del ICF, Jordi Òliva, esta actividad de promoción de vivienda "en la que la financiación pública de largo plazo es muy necesaria", y ha dicho que quieren promocionar, desde el banco público catalán, actividades sociales en un sentido y con una visión distinta a la banca tradicional, en sus palabras.
El ICF ha permitido financiar unos 850 pisos sociales y prevé llegar a los 1.000 a finales de este año, en lo que para Òliva "es una pequeña gota delante de todo lo que hace falta", ha concluido.