BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes en el pleno una propuesta para flexibilizar a los comercios el pago del precio público sobre la recogida de residuos comerciales, después de que el cobro repentino de los impuestos pendientes desde 2007 haya levantado las quejas de numerosos comerciantes.
El consistorio ha hecho llegar en las últimas semanas una notificación a numerosos comercios en la que se les comunica que deben afrontar el pago de los atrasos del impuesto que el Ayuntamiento no había requerido en los últimos años.
La proposición, presentada por CiU y transaccionada con el PSC, ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, plantea la necesidad de revisar el impuesto, y propone eximir el mismo a los profesionales con un bajo volumen de generación de basura que trabajen en casa con una superficie de actividad inferior a los 25 metros cuadrados y sin personal a su cargo.
Las dificultades para hacer frente al pago repentino han llevado a muchos de los comerciantes a pedir el fraccionamiento del pago, aunque eso les obliga a pagar un recargo que, pese a la petición inicial de CiU, no puede eliminarse al ser el Gobierno central y no el Ayuntamiento quien tendría capacidad para suprimirlo.
Los grupos de la oposición --CiU, PP y ERC-- han deplorado que los comerciantes deban pagar ahora por "un error del Ayuntamiento", y han criticado que la lentitud de la administración obligue ahora a los contribuyentes a hacer frente al pago repentino de la cuota de los tres años anteriores.
El líder municipal de CiU, Xavier Trias, ha explicado que ha recibido varias quejas de profesionales por este caso a través de las redes sociales de Internet, y ha censurado que el consistorio les haya informado ahora por carta de este cobro sin habérselo notificado previamente.
Desde las filas de ERC, su presidente, Jordi Portabella, ha asegurado que "no tiene sentido que se carguen cuatro años de golpe por un error del Ayuntamiento", mientras que tanto PSC como ICV-EUiA han minimizado el error del consistorio y se han mostrado favorables a la propuesta en tanto que mejora la regulación del precio público de la recogida de residuos comerciales.
Alberto Fernández Díaz (PP) ha coincidido en criticar que "los contribuyentes carguen ahora con el mal funcionamiento de la administración", y ha defendido la abstención de su grupo escudándose en que debería ampliarse el volumen de comerciantes eximidos de pagar el impuesto.
El pleno también ha aprobado una proposición de ERC transaccionada, en la que el PP se ha abstenido, para rechazar cualquier propuesta de liberalización de los horarios comerciales que no surja del acuerdo unánime del sector del comercio, y que reafirma el apoyo del consistorio al comercio de proximidad.
INMIGRACIÓN
El PP ha vuelto a quedarse solo defendiendo que el consistorio emita un certificado de convivencia vinculado al civismo que sea tenido en cuenta a la hora de conceder a los inmigrantes el arraigo o el derecho de reagrupación familiar.
Los grupos han acusado a los populares de electoralismo a cuatro meses de las municipales por presentar la misma propuesta que en el pleno del 29 de octubre, y la tercera teniente de alcalde, la socialista Assumpta Escarp, ha advertido de que el PP tiene "la exclusiva del populismo".
