BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha ganado competencias sancionadoras con la nueva ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, que ha entrado en vigor este viernes.
Hasta ahora, el Govern era la única administración competente en el caso de propuestas de multa de más de 500.000 euros, pero la nueva ley exprés elaborada para sortear la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional (TC) contra una parte de la ley catalana 24/2015 sobre el mismo tema concede al Ayuntamiento de Barcelona las competencias para cualquier importe.
La normativa prevé multas de hasta 900.000 euros en los casos de infracciones muy graves, como puede ser acumular de manera reincidente pisos vacíos durante más de dos años y no ponerlos en alquiler.
