BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat, Albert Batlle, considera que el sistema que opera en países como Inglaterra, que prevé la vigilancia de por vida de determinados presos, como los que han cometido delitos sexuales, es "una modificación legislativa que convendría estudiar", siempre y cuando éstos participen de forma voluntaria en la medida.
Batlle recordó durante una entrevista concedida hoy a Europa Press que la legislación española no prevé "un control social de por vida", una medida que calificó de "inconstitucional" y que se traduciría en una "cadena perpetua" cumplida en régimen abierto. Inglaterra, sin embargo, dispone de un registro oficial de violadores y pederastas que informan regularmente a la Policía o a funcionarios del registro de delincuentes sexuales sobre su paradero.
En referencia a los casos de Alejandro Martínez, el 'segundo violador del Eixample', y de José Rodríguez, el violador de la Vall d'Hebron, el secretario de Servicios Penitenciarios explicó que "en el marco legal que tenemos actualmente, la única posibilidad de intervención poscondena es el sometimiento a control voluntario de la persona que ha cometido este tipo de delitos".
"A una persona que haya cometido un delito violento o de agresión sexual le podemos brindar, cuando haya salido de la cárcel, que asista a programas de seguimiento, pero siempre con carácter voluntario, no los podemos imponer", señaló Batlle, quien recordó que este tipo de delincuentes "pueden seguir o no este apoyo y, si lo siguen, son libres de dejarlo cuando lo consideren oportuno".
El secretario de Servicios Penitenciarios afirmó que, durante el proceso de ejecución de la condena, "se procura trabajar para disminuir al máximo el riesgo de reincidencia" de los reclusos que han cometido delitos que se consideran "especialmente graves". "Esta es la función que nosotros hacemos y la hacemos en el periodo que la podemos hacer, el de ejecución de la condena", aseveró.
'DOCTRINA PAROT'.
Batlle evitó referirse a la petición de la Fiscalía de recurrir a la 'doctrina Parot' --que permite aplicar los beneficios penitenciarios en cada condena impuesta y que los reclusos cumplan íntegramente el máximo previsto por la ley-- para evitar la puesta en libertad en septiembre del violador de la Vall d'Hebron, quien, tras cumplir 16 de los 311 años de condena que se le impusieron por 16 violaciones, presenta un riesgo de reincidencia muy alto.
"Esto forma parte de las competencias del Ministerio Fiscal y del órgano judicial que debe tomar la determinación", señaló Batlle, quien explicó que la Generalitat está a su disposición "para los asesoramientos que convengan o para dar información en relación a la condena". "Lo que me obliga en estos momentos es la legislación penal y penitenciaria, donde hay unas fechas de cumplimiento de la condena y unas fechas fijas de excarcelación", añadió.
Según el secretario de Servicios Penitenciarios, "si la Fiscalía considera que estas fechas pueden ser alargadas, deberá emprender las acciones que estime oportunas y, por tanto, debemos estar a la espera de la determinación que tome la Fiscalía en este y otros casos, y de la decisión final, que corresponde a los tribunales".
APUESTA POR LA "DISCRECIÓN".
En lo que respecta al 'segundo violador del Eixample', Batlle explicó que su situación actual "forma parte de una relación muy confidencial entre la administración de ejecución penal y una persona que ha salido de la prisión con plenitud de sus derechos y que tiene la presunción de honorabilidad y respetabilidad de su conducta".
Alejandro Martínez quedó en libertad definitiva el pasado mayo sin estar rehabilitado, tras cumplir íntegramente 16 de los 65 años de prisión a los que fue condenado en 1992 por varios delitos de violación y agresión sexual.
A su salida de prisión, el 'segundo violador del Eixample' aceptó el ofrecimiento de la Generalitat y se interesó por un programa de apoyo psicológico, aunque Batlle no quiso concretar si lo está siguiendo a día de hoy, ya que apuesta por "un mínimo sentido de la discreción" en estos casos.
