Publicado 12/07/2021 12:05

El CAC cree que la propuesta de ley estatal del audiovisual no fomenta la diversidad lingüística

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Presenta nuevas alegaciones al anteproyecto de ley

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un acuerdo con alegaciones al nuevo texto del anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual del Gobierno, que quiere transponer la directiva europea, al considerar que no fomenta la diversidad cultural y lingüística.

En un comunicado, el CAC señala que, si bien se han clarificado diversos aspectos aportados por el organismo regulador en su primer informe, no se han tenido en consideración aspectos como "incorporar previsiones específicas para hacer efectivo el mandato constitucional de reflejar la diversidad cultural y lingüística en el audiovisual".

El CAC señala que el anteproyecto extiende la competencia estatal en todos los nuevos servicios de comunicación audiovisual y de plataforma de intercambio de vídeos, mientras que "obvia" el nivel autonómico de este proceso de actualización jurídica.

Según el CAC, la propuesta mantiene las competencias autonómicas a las que tenían cuando el mercado audiovisual lo componían mayoritariamente los servicios de comunicación audiovisual difundidos por ondas hercianas.

El CAC ha reiterado en las alegaciones formulaciones que no han sido incluidas en la nueva versión del anteproyecto, y ha señalado que en el texto "no se observa la introducción de ningún porcentaje concreto de obra audiovisual en lenguas cooficiales otras que el castellano".

El organismo regulador reclamaba una presencia mínima del catalán en el catálogo de los servicios televisivos a demanda, y en el anteproyecto se señala que estos servicios deberán tener una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas y, de esta cuota, "el 50% tendrá que ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas".

El CAC reitera su propuesta para que, del 50% reservado a lenguas oficiales del Estado, el 50% sea para catalán, vasco o gallego, "atendida la situación de precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual", o como mínimo un porcentaje que se corresponda con el peso poblaciones del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.

El presidente del CAC, Roger Loppacher, ha asegurado que el nuevo texto es una "nueva oportunidad perdida" para promover decididamente la diversidad cultural y lingüística, y ha reclamado medidas concretas para garantizar que los ciudadanos puedan tener acceso a una oferta de contenidos en lengua propia equivalente a la realidad lingüística de Catalunya.

FINANCIACIÓN

El organismo ha señalado que el anteproyecto no ha recogido su propuesta para aumentar la obligación de financiación de obra europea por los servicios de televisión a demanda, que el CAC propone modificar del 5% al 10%.

Loppacher ha señalado que sería necesario que estas plataformas no contribuyesen solo a la financiación de RTVE, sino también al servicio público audiovisual que presta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ya que de no ser así "sería discriminatorio".

El CAC también considera en sus alegaciones que sería necesario que las funciones de supervisión y control de las plataformas de intercambio de vídeo, atribuidas en exclusiva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ejerciesen en régimen de colaboración con las autoridades audiovisuales existentes en el Estado.

Loppacher ha esgrimido que el CAC lleva años trabajando en aspectos como la protección de menores, el discurso del odio, la publicidad encubierta o la desinformación.

Ha aplaudido, sin embargo, que las obligaciones para las plataformas sobre contenidos que inciten al odio o relacionados con el terrorismo "se establecen para el público en general, en lugar de limitarse a los menores"; el fomento de obras audiovisuales producidas por mujeres, y las medidas en torno a la protección de menores

El acuerdo ha sido aprobado por dos votos a favor y uno en contra, con un voto particular del consejero Daniel Sirera, en el que muestra su oposición a que las plataformas incrementen su contribución del 5% al 10%, "establecer cuotas lingüísticas" y ve lógico que la supervisión de las plataformas la lleve a cabo un organismo estatal.