Catalunya exige cambiar la ley ferroviaria para permitir alternativas a Renfe

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BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha exigido este martes al Gobierno central que cambie la ley ferroviaria para permitir que puedan haber operadores ferroviarios alternativos a Renfe y que puedan prestar este servicio en la red de ancho ibérico.

   Si no hay estos cambios legales, la Generalitat no firmará un "contrato de servicio público" con Renfe para gestionar hasta 2015 el servicio de Rodalies y Regionales, cuya gestión está traspasada a la Generalitat, pero no la titularidad de las vías ni de los trenes.

   En rueda de prensa tras el Consell Executiu, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha indicado que la liberalización del servicio de ferroviario fue un compromiso que adoptó el Estado en 2009 cuando se traspasó la gestión del servicio de Rodalies, pero que aún no ha habido ningún avance al respecto.

   Ha asegurado que la falta de competencia en Renfe y el hecho de que el marco legal actual impida que haya operadores alternativos explica también una actitud de la compañía.

   "Renfe tiene la seguridad de que su negocio es suyo y la compañía no está orientada al cliente" y a satisfacer sus necesidades, ha sostenido.

   "Si la Generalitat tuviese la capacidad de controlar, exigir, sancionar e incluso poder quitarle el servicio a Renfe, de entrada Renfe mejoraría su calidad. En un entorno de competencia haría mejor las cosas", ha agregado.

"SERVICIO PÚBLICO"

   En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Recoder ha presentado la propuesta que la Generalitat hace a Renfe de 'contrato de servicio público' para Cercanías y Regionales.

   En el documento, el Govern pone a Renfe determinadas exigencias: mayor puntualidad, más información al usuario, poner autobuses en caso de incidencias y crear una oficina técnica para hacer seguimiento del plan de inversiones que el Estado se comprometió a hacer en la red en 2015.

   También se incluyen cláusulas que indican que en caso de incumplimiento, la Generalitat pueda revocar la explotación de una línea y darla a otra compañía, y además, otra que establece sanciones de hasta 30.000 euros en caso de incidencias, supresión y retraso.

   En cualquier caso, Recoder ha señalado que este acuerdo sólo se producirá si el Estado modifica la ley ferroviaria estatal.

   Recoder ha vuelto a señalar que se trata de un traspaso a medias, porque no incluye ni estaciones, material móvil, vías y catenarias.

EL ESTADO INCUMPLE

   El Estado incumple con sus compromisos sólo ha construido o ejecutado el 12% de las actuaciones que establecía el plan de Cercanías 2008-2015.

   Pese a que el plan está vigente desde hace cuatro años, de los 4.000 millones de dotación, solo se han construido el 6% de las inversiones, y otro 6% está en marcha, y hay proyectos que hace tiempo que se han licitado pero que siguen en el tintero, situación que ha lamentado el conseller.