Catalunya recibe 32 millones por el impuesto de depósitos bancarios

Actualizado: jueves, 26 marzo 2015 12:27

MADRID/BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas de régimen común han recibido 187,1 millones de euros recaudados por el Estado en 2014 por el impuesto sobre los depósitos bancarios, de los que Catalunya ha recibido 32 millones.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalunya es la segunda comunidad autónoma con un mayor volumen, por detrás de Madrid, que ha recibido 66 millones, y seguida de Andalucía, con 18 millones.

Estas tres comunidades están a la cabeza por el número de oficinas que concentran, y esta cantidad equivale al 50% de lo ingresado por el Estado; el resto queda pendiente de la liquidación definitiva del impuesto por parte de las entidades financieras.

Las cuantías abonadas al resto de comunidades son las siguientes: Aragón, 5,1 millones; Asturias, 4,5; Baleares, 3,3; Canarias, 3,8; Cantabria, 1,9; Castilla-La Mancha, 6,1; Castilla y León, 10,9; Extremadura, 2,7; Galicia, 11,7 millones de euros; Murcia, 3,7; La Rioja, 1,2; y la Comunidad Valenciana, 15,3 millones.

IMPUESTO POLÉMICO

El Gobierno introdujo en los PGE de 2013 este impuesto a tipo cero para --según el preámbulo-- asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantizase más eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero, dado que este impuesto sólo se estaba aplicando en algunas comunidades.

El año pasado, el Ejecutivo elevó el tipo al 0,03 por ciento con efectos desde el 1 de enero de 2014, para lograr una recaudación con la que compensar los ingresos previstos por las autonomías, y para 2015, la estimación ronda los 316,7 millones de euros.

El asunto ha provocado el intercambio de recursos entre las comunidades que habían regulado el impuesto y el Estado.

En Catalunya, el pasado 27 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) avaló el impuesto estatal, aprobado en diciembre de 2012, y desestimó el recurso presentado por el Parlament contra este tributo, al entender que la ley no vulnera la competencia del Estado para crear impuestos ni la autonomía financiera de las autonomías.