BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) ha organizado las primeras jornadas de formación de España dirigidas a potenciar la figura del 'coordinador de parentalidad', que asiste a padres con alta conflictividad en procesos de divorcio.
Según ha informado la institución, las jornadas tendrán lugar este viernes y sábado en la sede del COPC, de la mano del mediador familiar, formador, supervisor y coordinador del Consensus Mediation Center de Montreal (Canada), Aldo Morrone, y el psicólogo, mediador familiar, coordinador parental y director del Consensus Mediation Center, Dominic d'Abate.
La coordinación de parentalidad la llevan a cabo profesionales de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación para ayudar a padres en proceso de divorcio a implementar su plan de parentalidad, facilitando la resolución de sus disputas y educando a los padres en la resolución de los conflictos de sus hijos.
El COPC defiende que esta figura sirve para rebajar los "efectos negativos" del divorcio o separación favoreciendo el bienestar de los niños y sus padres, proporcionando también ahorro del coste económico y emocional para la familia.
En concreto, consigue un ahorro de la partida judicial, al reducir de forma significativa las visitas al juzgado, por lo que se deben destinar menos recursos económicos y de tiempo a estos padres con un litigio crónico.
Los litigios y relitigios constantes de las familias con la alta conflictividad que se encuentran en proceso de divorcio suponen un alto coste económico para la justicia.
Un estudio llevado a cabo en los juzgados de California, que siguió a 166 familias, constató que éstas realizaron 993 comparecencias al año antes de la designación del 'coordinador parental', mientras que el año siguiente realizaron 37.
El Libro Blanco de Mediación de Catalunya calcula que si el 0,5% de los asuntos resueltos mediante sentencia se pudieran resolver mediante técnicas alternativas de resolución de disputas, se podría ahorrar cerca de un millón de euros a la Administración de justicia.
