Los comuns exigen paralizar la elaboración de ley de contratos de servicios a las personas

BARCELONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la diputada del mismo grupo Marta Ribas han exigido este viernes que la Cámara catalana paralice la elaboración de la ley de contratos de servicios a las personas: "Es una ley peligrosa y mal hecha".

En rueda de prensa desde el Parlament, han asegurado que no solo tiene problemas de técnica legislativa, sino que abre la puerta a la "mercantilización" de servicios públicos que el grupo considera que deberían estar blindados.

"Ya sabemos qué pasa cuando quien quiere hacer negocio entra en los servicios públicos", ha resumido Albiach, que ha asegurado que la norma es una puerta de entrada para que empresas gestionen servicios que hasta ahora tenía que prestar la administración.

Han augurado que si la ley, que está siendo tratada en ponencia ahora mismo, acaba aprobándose "la calidad de los servicios empeorarán", y han señalado como principal responsable al vicepresidente del Govern, Pere Aragons.

Ribas ha considerado que los últimos gobiernos de la Generalitat han promocionado una "autopista neoliberal" para el acceso de las empresas a la prestación de servicios, y ha pedido al Govern que se imite lo que han hecho en autonomías como Baleares o la Comunidad Valenciana.

Para los comuns se debería hacer primero una norma sobre cómo regular la acción concertada y los servicios por vía no contractuales para blindar aquellos servicios que deben ser prestados de forma directa por la administración o concertados por empresas del tercer sector social sin ánimo de lucro.

"El objetivo es blindar derechos y no abrirlos a más mercantilización. Al revés de lo que se está haciendo. Este es nuestro modelo", ha concluido Ribas, que considera que está en juego el futuro de los servicios públicos en Catalunya.

EL GOVERN

El Govern presentó esta ley en noviembre con el objetivo de establecer un régimen específico de contratación pública para los servicios de atención a las personas, como por ejemplo lo servicios sociales, comunitarios y sanitarios y aplicable a todos los poderes adjudicadores de Catalunya.

Según defendió el Ejecutivo catalán, convenía regular este sector y aseguró que el objetivo de la ley era que estos poderes adjudicadores priorizarán "los criterios de calidad por encima de las puntuaciones económicas a la hora de elegir las entidades y empresas que prestan estos servicios".