El Consell de Garanties avala la constitucionalidad del retraso en la paga a los funcionarios

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Garanties Estatutàries ha avalado el decreto ley que aprobó el Govern para aplazar el pago de una parte de la paga extra de diciembre a los funcionarios, y que finalmente dejó sin efecto al lograr un crédito con el Banco de Sabadell para paliar las tensiones de tesorería de la Generalitat.

El dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, responde a la demanda planteada por los grupos de PSC, ICV-EUiA, ERC, C's y SI en el Parlament, que consideraban que el decreto podría no adecuarse a la Constitución y al Estatut al extralimitarse, a su juicio, y suspender convenios colectivos.

El texto del Consell subraya que no tiene competencias para analizar "ni el proceso ni los efectos derivados" del pago de las retribuciones a los funcionarios, por lo que el dictamen no hace referencia a la polémica por haber retenido el 100% del IRPF a los empleados antes de ingresar toda la nómina.

En referencia a la urgencia o situación extraordinaria necesaria para presentar un decreto de este tipo, el órgano afirma que no tiene "información suficiente" sobre la situación financiera de la Generalitat, pero sostiene que la apreciación que el Govern hace de la misma cumple los requisitos formales para realizar el decreto ley.

Sin embargo, el Consell esgrime que el impago del Gobierno central de los 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatut no es un criterio que "por si solo" sea suficiente para justificar el decreto.

"Si bien podría acabar siendo relevante en la gestión efectivo de la tesorería a finales de año, su contenido --el de la disposición adicional-- en sentido estricto hace referencia únicamente a la inversión estatal en infraestructuras en Catalunya", reza el dictamen.

"INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA"

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, la portavoz adjunta del PSC en la Cámara Laia Bonet, el líder del grupo de ICV-EUiA, Joan Herrera, y el portavoz de C's, Jordi Cañas, han subrayado que la constitucionalidad del decreto no implica su legalidad porque puede cometer "alguna infracción administrativa".

Desde CiU, el portavoz de la federación en el Parlament, Jordi Turull, ha valorado positivamente que el Consell de Garanties diga que el decreto "se ajusta al Estatut", y ha sostenido que 759 millones de euros son una cantidad suficientemente importante como para trastocar las finanzas de la Generalitat.