CORR.- Rebajan hasta en 19 años las penas de cárcel para los presos amotinados en Quatre Camins (Barcelona)

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El fiscal rebajó hoy en entre 11 y 19 años las penas que solicitaba para los nueve presos que instigaron el motín en la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), en 2004, que se saldó con el subdirector del centro herido de gravedad y de levedad otros tres funcionarios, para los que pide que indemnicen con un total de 55.260 euros.

En concreto, ahora solicita penas de entre 28 y 33 años de cárcel para los principales acusados --para quienes pedía condenas de entre 39 y 52 años-- por un delito de atentado en concurso ideal con un asesinato con alevosía en grado de tentativa, tres delitos de lesiones alevosas y otro delito de lesiones en concurso ideal con un delito de detención ilegal.

Como el resto de acusaciones, el fiscal entiende que existió "un previo pacto de los nueve procesados para acabar con la vida del subdirector y cometer los delitos necesarios para ello". "Para que unos presos le desfiguraran la cara a patadas era necesario que otros atacaran al resto de funcionarios", ponerlos "fuera de combate", por lo que les imputa a todos el intento de asesinato.

También pide condenas de entre cinco y seis años de prisión para otros cuatro procesados, al entender que participaron en la detención ilegal y las lesiones al funcionario, pero que el delito de atentado contra éste consistió sólo en amenazas verbales, sin que estos procesados esgrimieran ningún objeto peligroso.

El representante de los funcionarios agredidos sostiene que su existencia queda demostrada por las "armas artesanales preparadas con anterioridad". Tanto este letrado como los abogados de los sindicatos CC.OO. y UGT --personados como acusaciones populares-- criticaron a la Generalitat por no reforzar la seguridad del módulo 1 pese a que "la situación era conflictiva desde hacía días" y el subdirector recibía amenazas de muerte a diario.

Además, aseguraron que la plantilla era "insuficiente", por lo que "siempre quedará la duda de si se pudo evitar o paliar" la revuelta, afirmó el representante de UGT. "Estamos en el albor de otro motín en Quatre Camins", alertó el abogado de las víctimas, quien explicó que se redujo el número de internos y creció el de funcionarios tras el motín, pero que actualmente la ratio es similar a la que había el día de los hechos.

Es por ello que la Fiscalía, los afectados y los sindicatos piden que la Generalitat responda de forma subsidiaria a las indemnizaciones, pero su abogado sostiene que no se ha demostrado la relación de causalidad entre los delitos cometidos durante el amotinamiento y la supuesta infracción cometida por la Conselleria de Justicia. Añadió que no se le puede responsabilizar porque un "error en la valoración de la reacción no es constitutivo de una infracción".

"Es difícil justificar una represión de grado cuando ya están en el primer grado o un traslado de centro por los sabotajes" --como poner palillos de dientes en las cerraduras para dificultar la apertura de las puertas--, afirmó el letrado. Aseguró que se tomaron las medidas de seguridad adecuadas y criticó a los que lo niegan porque con ello "culpabilizan al subdirector de lo que le convirtió en víctima", pues él era el responsable de la seguridad.

Además, "no quiero ni imaginar que hubiera pasado" si los funcionarios hubieran llevado porras y manillas, pues "no son fuerzas armadas ni agentes de seguridad", sino que son "civiles haciendo tareas de vigilancia y custodia", y los medios coercitivos están fuera de los módulos "por su propia seguridad".