MATARÓ (BARCELONA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Corte Inglés es la única empresa que presentó candidatura al concurso público que seleccionará la empresa que construirá y explotará el futuro centro comercial de la Calle Biada de Mataró, en los terrenos de la antigua fábrica Fábregas i de Caralt, que será demolida para construir el nuevo centro.
Ahora la mesa de contratación, que conoció oficialmente las ofertas a finales de la semana pasada, elaborará una propuesta para que la empresa pública Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) que es quien a finales de mes va a reunirse para adjudicar el concurso.
Entre los criterios de valoración de la propuesta tendrá especialmente en cuenta el proyecto comercial, con atención a la creación de empleo, las inversiones, la adaptación del edificio al entorno y los criterios de sostenibilidad entre otros.
En la decisión cobrará la misma importancia el criterio económico, como las propuestas de inversión de El Corte Inglés en proyectos de la ciudad o en su participación en campañas anuales de comercio junto con asociaciones de comerciantes locales.
El futuro Corte Inglés, si recibe el visto bueno de PUMSA, ocupará un terreno de 9.692 metros cuadrados de superficie, con 26.576 metros cuadrados edificados -22.000 de los cuales superficie de venta-. El centro se desarrollará en el marco del Pla de Millora Urbana de la zona, aprobada por el plenario el pasado febrero.
El Corte Inglés tendrá que pagar 21 millones de euros para instalarse en Mataró, y no podrá vender la propiedad hasta pasados 10 años sin la autorización de PUMSA. El operador comercial tendrá que iniciar las obras dos meses después de que el Ayuntamiento le dé las licencias necesarias y tendrá un período de ejecución de treinta meses.
POLÉMICA POR LA DEMOLICIÓN DE LA FÁBRICA
La llegada de El Corte Inglés a Mataró supone la demolición de la fábrica Fábregas i de Caralt, que data de finales del siglo XIX. Para poder demoler la fábrica el gobierno municipal rebajó su máximo nivel de protección arquitectónica, porque el edificio y la nueva zona comercial "son incompatibles", según defendió el gobierno (PSC, ERC, IC-V). Esto provocó malestar entre varias entidades sociales de la ciudad, que crearon la coordinadora Salvem Can Fábregas. CiU, en la oposición, exige una moratoria hasta pasadas las elecciones.
