BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc) recomienda ampliar de tres a cinco años el plazo previsto para la adaptación de las cooperativas al proyecto de decreto de modificación de la regulación de las secciones de crédito, actualmente en trámite parlamentario.
El organismo consultivo de la Generalitat ha publicado este viernes un dictamen en el que también pide cambios en la necesidad de autorización de garantías y pignoraciones, para evitar trabas a la operatividad de las cooperativas.
Sobre ello, propone que la dirección general competente pueda autorizar los límites para el conjunto del año para cada cooperativa, a solicitud de estas.
El Ctesc también propone sustituir el régimen de autorización de garantías o pignoraciones vigente hasta ahora por un régimen de comunicación de las pignoraciones existentes, para evitar problemas de liquidez y preservar la transparencia de la situación financiera real.
El documento celebra el refuerzo de la solvencia de las secciones de crédito de las cooperativas que plantea la nueva normativa, así como el incremento de la transparencia y la reafirmación de que el objeto de estas cooperativas no puede ser la sección de crédito.
El dictamen cuenta con un voto particular de la Confederación Catalana de Cooperativas, que señala que el proyecto de decreto sobre las secciones de crédito debería tramitarse después de que se apruebe la nueva ley de cooperativas de Catalunya, actualmente en trámite, que prevé nuevos tipos de cooperativas y también regulará las secciones de crédito.
Las cooperativas también proponen aumentar hasta el 90% la relación porcentual entre los activos totales de la sección de crédito y los activos totales de la cooperativa, en vez del 85% que plantea el proyecto de decreto, lo que reduciría de 22 a 12 el número de cooperativas incumplidoras de entrada de esta nueva limitación al funcionamiento de las secciones de crédito.
La Confederación considera que esta limitación "no incorpora ninguna garantía adicional de seguridad a los impositores ni ofrece mayores garantías de solvencia a las cooperativas"; al voto particular se han adherido la Cofradía de Pescadores, Fesalc, Unió de Pagesos y las expertas Elena Donate y Mercè Garau.
