Archivo - Cartel de la sede de CTESC en Barcelona, a 5 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha reclamado "más garantías" en los procesos de acogida y adopción de niños y menores tutelados por la Generalitat, informa en un comunicado de este martes.
El Ctesc ha dictaminado, a petición de la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, el Proyecto de decreto por el cual se regula el proceso de valoración de las familias en el procedimiento de acogida y adopción de niños y adolescentes tutelados.
El dictamen incorpora observaciones relativas a concreciones que el Consell considera necesarias, como homogeneizar el concepto de 'familia' para que haga referencia a la persona o personas miembro de una misma unidad de convivencia que se ofrecen para adoptar o acoger un niño o adolescente.
También recomienda sustituir, a lo largo de la norma, el concepto de 'menor' por 'niño o adolescente', en coherencia "con un enfoque centrado en los derechos y la dignidad de las personas".
Asimismo, aboga por ampliar de 15 a 20 días hábiles los plazos para que las familias puedan presentar alegaciones y documentación complementaria en los procedimientos de adopción y acogida familiar.
IDONEIDAD Y NO ESTIMACIÓN
Para el Consell, hace falta también concretar mejor los supuestos que pueden afectar la vigencia de la declaración de idoneidad, como cambios de domicilio, situaciones de duelo, embarazos, cambios laborales, separaciones o cuestiones de salud.
Defiende también regular específicamente la vigencia de las resoluciones de no estimación en los procesos de acogida familiar, así como que las familias no estimadas para la acogida no puedan presentar una nueva solicitud hasta transcurrido un periodo determinado.
El Ctesc ve necesario incorporar al decreto los principios de no-discriminación, proponer nuevos criterios de valoración relacionados con la capacidad de las familias para garantizar entornos "inclusivos y accesibles", y promover la autonomía personal y la participación social.
Otras recomendaciones incluyen la obligatoriedad de las sesiones formativas, y la inclusión de los antecedentes policiales en determinados supuestos vinculados a delitos sexuales, entre otros.