TARRAGONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente d'ICV en el Camp de Tarragona, Lluís Balart, fue citado hoy a declarar por el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia de Tarragona en relación a la campaña de autoinculpaciones por el derecho al aborto.
Antes de entrar al juzgado a recoger la citación, Balart reiteró el apoyo de ICV a la plataforma de mujeres por el derecho al aborto, que coordina esta campaña, y reivindicó una ley "que permita abortar sin restricciones y no ponga en peligro ir a la prisión ni a las mujeres ni a los profesionales que dan cobertura sanitaria".
El presidente intercomarcal de ICV se sorprendió de la "velocidad" con que los juzgados tarraconenses investigan estas autoinculpaciones. Balart añadió con ironía que esto debe querer decir que "aquí no se sufre el menor asomo de colapso judicial, y que los delitos graves se tratan con la misma diligencia".
La diputada Laia Ortiz, de Dones amb Iniciativa, acompañó a Balart y remarcó que el de Tarragona es el único caso dónde las autoridades judiciales han decidido iniciar trámites ante las autoinculpaciones, puesto que en Barcelona y en otros lugares dónde también se presentaron han sido archivadas.
Ortiz recordó que ICV y EUiA son las únicas formaciones políticas que apoyan la campaña, e insistió que el nuevo Estatut de Autonomía de Catalunya "reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo". Por esta razón, reclamó al gobierno del PSOE que modifique la ley estatal que "deja las mujeres en la indefensión".
Ortiz también reclamó una nueva ley de plazos, que establezca "definitivamente" el aborto "libre y gratuito". La diputada se quejó, además, de la utilización política que los partidos y sectores conservadores están haciendo de esta situación que "sufren las mujeres".
Balart, junto con 170 mujeres y hombres de Tarragona, firmaron hace unas semanas las hojas de autoinculpación donde reconocían haber abortado o bien haber acompañado una mujer a abortar, como parte de las acciones que se llevan a cabo en protesta por la supuesta persecución a que se ven sometidas tanto las mujeres como los centros sanitarios dónde se practican abortos. En la actualidad, hay en Tarragona unas 20 personas pendientes de declarar por este asunto.
