Gimeno (OAC) pide a Sánchez un plan nacional contra la corrupción y una estrategia común
BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El buzón de denuncias anónimas de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), que permite alertar de irregularidades en la administración pública con garantías de preservar el anonimato, ha alcanzado en poco más de siete meses de funcionamiento las 37 denuncias, un 35% del total de denuncias que recibe esta oficina, lo que para su director, Miguel Ángel Gimeno, es un porcentaje "francamente alto".
En una entrevista de Europa Press, el director de la oficina catalana contra la corrupción ha valorado muy positivamente el funcionamiento de este nuevo sistema, creado en diciembre de 2017, que ha "disparado el número de denuncias", ya que la gran mayoría de informaciones son verosímiles y la mitad de las analizadas han supuesto la apertura de una investigación.
Concretamente, este 2018 la Oficina ha recibido en total 105 denuncias por presuntas irregularidades en la función pública, de las que 41 han sido anónimas (39%), y de éstas, 37 son las del buzón anónimo, que permite un plus de confidencialidad a través de un sistema informático que impide conocer quién es el denunciante.
Gimeno ha explicado que, según su análisis, ahora los funcionarios o trabajadores públicos que deciden denunciar --los que se consideran de más valor por su nivel de conocimiento del asunto denunciado-- han optado por esta vía anónima, y han descendido las denuncias por la vía ordinaria en las que se dan todos los datos personales.
Las informaciones que llegan por esta vía son en su mayoría verosímiles y las personas que las aportan son conocedoras en la materia: "El lenguaje que utilizan, en los términos y precisión con que se expresan, permite inferir que son funcionarios próximos al núcleo del problema".
El director de la Oac ha valorado que, después de la etapa de su antecesor Daniel de Alfonso, que protagonizó unas polémicas grabaciones con el exministro del Interior Jorge Fernández, la Oficina ha "recuperado la confianza" de la ciudadanía en la institución y prueba de ellos son las denuncias al alza.
Gimeno ha explicado que actualmente los expertos de la Oac colaboran en una veintena de casos con la Fiscalía y los juzgados realizando análisis, informes y peritajes, aunque en general cuando constatan que una investigación que han iniciado está judicializada, se suspende.
El 70% de las denuncias de la Oficina son por supuestas irregularidades en los ayuntamientos y entes locales, y esto es así porque en los municipios pequeños no tienen suficiente estructura: "Muchas veces no es mala fe sino negligencia o falta de profesionalidad".
Por eso, desde la Oficina intentan, más que sancionar, dar asesoramiento porque "muchas veces el electo es una persona que tiene buena voluntad pero no todos los conocimientos y recursos".
AGENCIA ESTATAL
Para luchar contra la corrupción, una problemática que para más del 80% de los catalanes es grave, actualmente existen en España agencias autonómicas y locales como la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana; la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares; el Consejo de Cuentas de Galicia; la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid y la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona.
El director de Antifrau ha reclamado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse un plan nacional para coordinar todas las actuaciones en materia de lucha contra la corrupción, y, en su caso, valorar si se crea una agencia estatal de lucha contra la corrupción.
Para Gimeno, se puede acabar con la corrupción si hay voluntad de toda la sociedad, y por eso hace falta una estrategia común para combatirla porque "hay piezas sueltas y el puzzle no acaba de tener una forma determinada y eso es un problema".
Ha constatado que hay más concienciación social y que la ciudadanía cada vez tolera menos las actitudes corruptas: "Me alegro de que la ciudadanía sea muy intolerante porque es la única manera" para erradicarla.
"La confianza en las instituciones es una institución en sí misma. Si esta confianza la perdemos porque las otras instituciones no funcionan, no tendremos nada", ha vaticinado.
LEY DE ALERTADORES
Gimeno ha aplaudido las diferentes iniciativas legislativas en la UE, el Congreso de los Diputados y en el Parlament para garantizar la protección de los alertadores (Whistleblower), las personas que denuncian la corrupción u otras prácticas que contravienen el interés general.
Ha destacado que es positivo que se estén dando pasos para blindar a los denunciantes de posibles represalias y ha destacado la proposición de ley de protección integral de los alertadores de Xnet, presentada en el Parlament, que otorga a la Oficina competencias para determinar la verosimilitud de los alertadores y darles protección.
Ha evidenciado la dificultad de proteger el anonimato de estas personas en un proceso penal, que requiere de una "igualdad de armas" entre los acusados y los denunciantes para probar unos hechos y para ello que en el juicio declare la persona.
Por eso, ha certificado que están estudiando el proyecto y que presentarán alegaciones para mejorar el redactado, haciendo previamente una comparativa de la legislación europea en la materia: y ha sentenciado que en Catalunya tiene que haber una ley en esta materia.
