Dos condenados a prisión por desórdenes en la huelga 8-N de 2017 avisan de que recurrirán el fallo

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos huelguistas condenados a un año y a tres años y medio de cárcel por desórdenes públicos en el corte de la Ronda de Dalt de Barcelona durante la huelga general del 8 de noviembre de 2017 han anunciado este viernes que recurrirán la sentencia para que la revise el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El miembro de la CUP de Barcelona Francisco Garrobo, y el otro condenado, Moises Fernández, lo han explicado en rueda de prensa frente al Palacio de Justicia de Barcelona tras recoger la sentencia, acompañados del abogado de Alerta Solidria David Aranda y la portavoz del grupo de apoyo Solidaritat Perifrica, Anna San Clemente.

San Clemente ha afirmado que la sentencia supone un retroceso en cuanto a derechos y libertades, y ha asegurado que la condena a Garrobo, de tres años y medio, "supondría la primera pena con ingreso en prisión para un activista de base social por protestas posteriores al 1-O".

Garrobo ha dicho que él es "seguramente la primera persona de los movimientos sociales afectada por la sentencia de Marchena, que dice que la violencia a partir de ahora es un concepto totalmente abstracto", ha afirmado que volvería a participar en el piquete de la huelga y ha reprochado que la sentencia equipara un piquete informativo a una manifestación ilegal.

"Es una sentencia de la vergüenza pero no es la primera, todo el recuerdo y estima a las presas y exiliadas, especialmente a Pablo Hasél por las informaciones de los últimos días, y a todas las represaliadas por luchar por los derechos sociales, políticos y nacionales", ha expresado ante varias decenas de personas que les han acompañado frente al Palacio de Justicia al recoger la sentencia, y entre las cuales han acudido el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Fernández, condenado a un año de prisión por los mismos hechos, ha explicado que está imputado en otra causa que el grupo de apoyo ha calificado como "un montaje fascista" iniciado por un motorista que cruzó el corte de la Ronda de Dalt.

"Hay miles de represaliados, procesados por el proceso independentista, creo que merecemos la misma atención" que los líderes políticos del 1-O, ha reivindicado.

CREEN QUE VULNERA EL CEDH

El miembro del colectivo de abogados Alerta Solidria David Aranda ha considerado que la sentencia que condena a los dos huelguistas "hace un uso extensivo de la violencia, como ya hizo el Supremo en la sentencia del procés".

Aranda ha asegurado que esta sentencia interpreta el término violencia en la misma línea que se hizo en la sentencia del 1-O, y ha reprochado: "La propia sentencia reconoce que la violencia en el Código Penal no es la misma que dice la RAE. Si la RAE define las palabras, ¿quiénes sois vosotros, tribunales, para decir qué son las palabras?".

Ha asegurado que es una de las primeras condenas por el artículo 557 bis del Código Penal, que agrava los desórdenes públicos si ocurren durante una manifestación, y ha señalado que los desórdenes normalmente ya ocurren durante una protesta, por lo que ha criticado que "va dirigido a reprimir la protesta social".

"Recurriremos la sentencia y llegaremos hasta donde haga falta para hacer justicia", ha dicho tras sostener que la sentencia vulnera el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Aranda considera que el fallo pretende ser un aviso ante otras convocatorias de protestas, y ha sostenido que durante una huelga general, además del derecho de manifestación, interviene el derecho de libertad sindical, por lo que "se debe entender que en una huelga general hay una cierta alteración del orden público inherente a la huelga y se debe ser mucho más permisivo con los derechos y libertades fundamentales".