Defienden que el Ayuntamiento no abrió y que atendieron a los ciudadanos en calidad de representantes políticos
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
Los concejales de Badalona (Barcelona) acusados de desobediencia por abrir el Ayuntamiento al público el 12-O de 2016 han alegado ante el juez que hicieron un "acto político" y que estaban haciendo política amparados por su derecho a representación política recogido en la Constitución Española.
Así lo han declarado los ediles Oriol Lladó y José Téllez en sus respectivas declaraciones ante las preguntas del fiscal, acompañados por los otros cuatro concejales juzgados de Guanyem Badalona En Comú y ERC, Agnès Rotger, Laia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran, en el juicio que ha empezado este miércoles en el Juzgado penal 25 de Barcelona en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
"El Viver --el vestíbulo de las oficinas municipales-- no estaba abierto al público, las puertas estaban cerradas, las luces ni tan siquiera estaban encendidas, la puerta habitual del público estaba cerrada, no se encendieron ordenadores, no se hicieron trámites", ha explicado Lladó, que aquel día ejercía de alcalde accidental.
Han explicado que decidieron enviar el día 11 de octubre el correo electrónico a los trabajadores diciendo que no fuesen a trabajar porque entendieron que no podía ser una jornada laboral convencional debido a la prohibición por parte de un juez de abrir el Ayuntamiento ante "el perjuicio irreparable", según el juez, que supondría al interés general o colectivo.
"Lo que teníamos claro es que aquella jornada que habíamos planteado no se podía conseguir. La advertencia jurídica era que no podía producirse aquello que se había pactado", ha añadido Lladó, en referencia a lo acordado con los sindicatos.
Por su parte, Téllez ha explicado que rompió la orden judicial para expresar que estaban disconformes con ella, y que fue una decisión improvisada sin estar consensuada: "Se había jugado con los 'tempos' porque se había generado indefensión. Romper la interlocutoria es la forma de mostrar mi enfado".
PRIMERA REUNIÓN
Han explicado que en la reunión de primera hora de la mañana decidieron comunicar "la injerencia" que supuso la denuncia del PP de si cometían un delito de desobediencia por abrir las dependencias municipales el festivo del 12 de octubre de 2016.
Han alegado que a aquella hora había una repercusión mediática importante, por lo que decidieron entrar en el vestíbulo del Ayuntamiento y explicar la situación, y que como tenían claro que no podía ser una jornada habitual, se organizaron para que los ciudadanos pudieran ser atendidos por los representantes electos.
Han recordado que durante ese 12-O atendieron a cerca de 200 ciudadanos, que entraron en el edificio con los concejales, y que las instancias redactadas ese mismo día no se tramitaron hasta el día siguiente, el 13 de octubre, porque el Ayuntamiento no estaba operativo.
HECHOS
Sabater ha explicado que valoró que tenía que seguir haciendo su trabajo como concejal y que no pidió asesoramiento jurídico sobre la resolución judicial porque ya estaba aclarado con sus compañeros enviando un correo electrónico diciendo que los trabajadores públicos no podían ir a trabajar.
Taleb, la penúltima en hablar, ha dicho que no había mucha diferencia en su actividad normal como concejal y la que realizó el 12 de octubre de 2016, y que acompañaron a la gente de fuera al vestíbulo y atendieron a los medios de comunicación: "Hice lo que hago cada día, atender la gente en la calle o en el despacho".
Duran ha sostenido que ese día no se abrió el Ayuntamiento ya que atenderlos de la forma que hicieron no significa abrir las dependencias municipales, y que hicieron la atención dentro por una cuestión de logística, como ha explicado Rotger, que ha señalado que era evidente que aquel día no haría ningún trámite administrativo.
