Alertan en un informe que los datos oficiales no reflejan las consecuencias de la inseguridad residencial
BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un informe impulsado por diversas entidades sociales ha analizado la emergencia habitacional, sus implicaciones en la salud, y la pobreza energética en Barcelona entre 2017 y 2020, y ha alertado que esta situación se ha cronificado y que las estadísticas oficiales no reflejan la inseguridad residencial en la capital catalana ni sus consecuencias.
"Hace diez años que hablamos de emergencia habitacional, pero hay que hablar de crisis de la vivienda, que sigue viva y requiere aún de medidas urgentes y estructurales", ha destacado en una rueda de prensa este jueves el técnico de Vivienda y Ciudad del Observatorio DESC (ODESC) y co-autor del estudio, Guillem Domingo, que ha lamentado la falta de estadísticas oficiales que reflejen esta situación.
Entre otros datos, este nuevo informe destaca que el 88% de las mujeres en situación de emergencia habitacional tienen una mala salud mental; que el 57% de las personas encuestadas tienen contrato, pero viven igualmente en precario; y que un 38% de los afectados por la crisis de la vivienda pertenecen a familias monoparentales o monomarentales.
El informe se basa en 415 encuestas a personas en situación de vulnerabilidad habitacional que han interactuado con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) o la Aliana Contra la Pobresa Energtica (APE), que firman el estudio junto al ODESC, Enginyers Sense Fronteres (ESF), la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).
Los impulsores del informe, que han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, han destacado que el nuevo documento aporta "datos inéditos y detallados" sobre el perfil de las personas que sufren de emergencia habitacional y desahucios, las problemáticas que les conlleva, y ofrecen diversas recomendaciones a las administraciones públicas.
"En los últimos años se han hecho muchas normas, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, que no parten de datos si no de percepciones", ha señalado Domingo, que ha reclamado a las administraciones públicas una mayor exhaustividad en sus estadísticas sobre vivienda, salud o pobreza energética.
EL PERFIL DE LA EMERGENCIA
Según sus autores, el estudio tiene por objetivo aportar datos propios para profundizar en la problemática de la pérdida de la vivienda y el acceso a los suministros y en las consecuencias en la salud, y visibilizar "mediante un análisis de datos inédito que integra diferentes perspectivas interrelacionadas" la situación de inseguridad residencial y crisis de vivienda que se vive desde el 2008.
El informe constata, por ejemplo, que el 46% de las personas encuestadas quedarían con un saldo negativo en su cuenta bancaria si pagaran la hipoteca y que un 16% se quedaría a cero, lo que implica "que el esfuerzo por pagar es tan grande que no pueden hacerlo", ha explicado la técnica de ODESC y miembro de la PAH, Lucía Delgado.
También advierte de que el 25% de las personas encuestadas se encontraban en situación de desempleo y sin subsidio, que un 19% cobraba el paro, y que un 31% tenía contrato, por lo que, según Delgado, "incluso las familias que tienen trabajo tienen dificultades para pagar su vivienda".
En el ámbito de la pobreza energética, el informe indica que un 57% de los encuestados no puede mantener su casa a una temperatura adecuada cuando hace frío o cuando hace calor, y que un 34% no puede hacerlo en ninguna de las dos situaciones: "El tópico de que la pobreza energética solo tiene que ver con el invierno y el frío no es real, también existe en verano", ha manifestado la portavoz de APE, María Campuzano.
Por su parte, la técnico de la ASPB, Ana Novoa, ha destacado el impacto en la salud de la emergencia residencial y la pobreza energética, "especialmente en la salud mental y en el caso de las mujeres", con cerca de 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres con una mala salud mental a raíz de su situación habitacional.
RECOMENDACIONES
Ante esta situación, las entidades recomiendan que se facilite el alquiler social para evitar los desalojos por motivos económicos, que el Ayuntamiento de Barcelona alquile pisos para realojar a las familias en situaciones de pérdida de vivienda, y que se pongan en marcha mecanismos de condonaciones de deudas para familias que se han visto abocadas a la pérdida de la vivienda.
También, entre otras medidas, piden crear una unidad de mediación especializada para los empleos en precario; orientar las políticas públicas a garantizar el acceso a los suministros básicos durante todo el año; y sensibilizar y capacitar a los profesionales de los Centros de Atención Primaria sobre la inseguridad residencial y cómo estos problemas sociales afectan a la salud y las conductas relacionadas.
