Entidades sociales alertan de la exclusión social y financiera por la privatización de cajas

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 entidades sociales, sindicales y de consumidores han alertado sobre el riesgo de aumento de la exclusión social y financiera de las personas más vulnerables por la entrada de capital privado en las cajas catalanas, después de que el Congreso aprobase este julio el decreto de reforma la Ley Cajas de Ahorro (LORCA).

En el manifiesto 'En defensa de las cajas de ahorro y de su función de impulso económico y social del territorio y del país' reclaman que se limite a un 40% --la ley prevé el 50%-- la participación del capital privado en las cuotas participativas con derechos políticos y en las sociedades anónimas que gestionen las estructuras financieras de las cajas.

"En Italia el 20% de la población ha perdido el acceso a los circuitos de dinero tras la desaparición de las cajas de ahorro, frente al 3% en Catalunya", ha señalado el representante del Foro de la Economía Social, Ignasi Faura, el referencia a lo que podría ocurrir si no se garantiza la función económica, financiera y social de las cajas.

"Hay un serio riesgo de exclusión financiera si se priman tan sólo criterios de rendibilidad", ha apostillado por su parte la representante de CC.OO., Dolors Llobet. En este sentido, entidades de consumidores han subrayado la connotación social de las cajas, que facilita el acceso de muchos ciudadanos a créditos hipotecarios y a viviendas.

Por todo ello, el texto pide se mantenga la vinculación de las cajas al territorio; que se apoye a los autónomos y pequeñas empresas, y que se respete la participación de la sociedad civil y de las administraciones locales en el desarrollo regional.

Asimismo, exige que se proteja la obra social de las cajas y su contribución al bienestar social, puesto que financian programas "esenciales" para la cohesión social y la protección de los más vulnerables. "Se debe evitar una apropiación particular de los excedentes que se destinan a obra social" reitera el manifiesto, que alerta de los "graves" efectos de su reducción en las políticas sociales.

Otro foco de preocupación es el hecho de que los "grandes poderes" de las entidades estén fuera de Catalunya, lo que para Faura supone una "pérdida de control sobre el desarrollo del modelo de financiero y social catalán".

Por todos estos motivos, el manifiesto pide un debate sobre el futuro de las cajas de ahorros a partir de octubre con la participación de las universidades y de todos los agentes económicos y sociales que no se tuvieron en cuenta en la aprobación del decreto.

La representante de UGT, Catalina Llibre, ha criticado que se sentase un precedente "gravísimo" al reformar las cajas obviando a los sindicatos y el resto de agentes socioeconómicos, y a remarcado la necesidad del debate.

"Estamos a tiempo", ha añadido Llobet, quien ha confiado en que el debate social incidirá en la toma de decisiones de cada caja sobre su futuro. "Está en juego el bienestar colectivo", ha remachado.

Firman el manifiesto la Taula de Entidades del Tercer Sector Social en Catalunya, que agrupa a 7.500 entidades; la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC), Òmnium Cultural y los sindicatos CC.OO y UGT de Catalunya.

También lo suscriben el Foro de la Economía Social; la Organización de Consumidores y Usuarios de Catalunya (Ocuc), la Unión de Consumidores de Catalunya (UCC) y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (AICEC-ADICAE); Financiación Ética y Solidaria (FETS), y el Movimiento Laico y Progresista (MLP).