Entidades sociales catalanas piden recursos para tramitar regularizaciones y temen desbordarse

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Responsables de entidades sociales catalanas han reclamado a la administración más recursos y más flexibilidad en los trámites para la regularización y han explicado que, aunque están satisfechos por colaborar en un proceso importante, han llegado a verse desbordados.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la asociación Àmbit Prevenció, Mercè Meroño, ha pedido más recursos y mejor planificación para dar certificados de vulnerabilidad y tramitar la regularización, así como habilitar espacios más grandes y sin necesidad de cita previa o número para hacerlo.

También ha insistido en la necesidad de formar correctamente y con tiempo a las persones responsables, y de dotar de medios técnicos y físicos.

Ha explicado que Àmbit Prevenció, acreditada para dar certificados de vulnerabilidad y tramitar regularizaciones, está trabajando con entre 15 y 20 personas que, 3 días a la semana de 9 a 14 horas, atienden a migrantes sin cita previa, y hasta este jueves han dado más de 2.000 certificados.

Inicialmente se ofrecieron para colaborar en estos trámites aprovechando que el 80% de las personas con las que trabajan --en situación de exclusión social, precariedad y vulnerabilidad-- son migrantes: "Queríamos ser un punto comunitario en el barrio donde estamos, La Bordeta, para que la gente del barrio no tuviese que desplazarse".

COLAS Y ESTRÉS

Meroño ha relatado que rápidamente se desbordaron, hubo un efecto llamada y empezó a acumularse gente haciendo cola, incluso personas que dormían en la calle: "Teníamos a personas que venían con la manta, otras que trabajaban de repartidores y tenían que ir y volver, incluso mujeres embarazadas o personas que venían con la pulsera del hospital. Era un estrés increíble para todo el mundo".

Sin embargo, muestra su "satisfacción" por haber podido aportar su calidez, y no solo ayudar a tramitar certificados, sino también escuchar las historias de los atendidos; aún así, insiste en la necesidad de habilitar espacios más grandes y menos invasivos, y explica que ya están trabajando para hacerlo en un equipamiento del mismo distrito.

Asimismo, remarca que, más allá de los certificados, lo que está revelando la regularización extraordinaria son las bolsas de pobreza que existen en Catalunya y en el resto de España: "Son ríos y ríos de personas de todas las edades y países. En las colas no te encuentras 'expats', o personas en situaciones estupendas".

COLABORACIÓN CON RESULTADOS "DESBORDANTES"

El director territorial de la Fundación Cepaim y miembro de la junta directiva de Entitats Catalanes d'Acció Social (Ecas), Mohamed Aït abou Moujane, ha valorado positivamente la idea inicial de colaboración entre la administración y el tercer sector, que lleva tiempo reclamando una gobernanza compartida, pero ha señalado que los resultados han sido "desbordantes" para muchas entidades.

Ha cuestionado el requerimiento de los certificados de vulnerabilidad: "La persona en situación administrativa irregular ya es vulnerable en sí misma", ha apuntado, ya que no puede hacer vida normal, trabajar con contrato o caminar con seguridad por la calle.

Aït abou Moujane ha destacado el trabajo colaborativo entre las entidades y ha explicado que el método usado por la Fundación Cepaim, ubicada en el Raval de Barcelona, ha sido comenzar con las persones internas atendidas por la entidad; seguir con personas derivadas de otras entidades --fase en la que se encuentran ahora-- y, después, mirar cómo pueden ayudar al resto de personas que nadie está atendiendo: "Hemos intentado no tener colas. La gente no puede estar malviviendo en la calle".

"Hemos intentado trabajar conjuntamente y organizar a las personas, conscientes de que la persona que acude lo quiere todo, al momento y con prisas. Tienes que trabajar con paciencia, ya sabes que no puedes decirle que tranquilo, que venga la semana que viene, porque lo que él ve es la seguridad, la vida digna", relata el director territorial.

Cepaim, que trabaja también en asentamientos irregulares, ha otorgado hasta el momento alrededor de 600 certificados de vulnerabilidad, y también se han encontrado con personas que acuden a pedirlo cuando en realidad no lo necesitan: "Las personas quieren asegurar el tiro. Pero cuando les dices que no hace falta el certificado, y se lo dices en amazig, en árabe, urdú, wolof o chino, entonces confían en ti. Eso nos ha facilitado mucho el trabajo".

TRABAJO A LARGO PLAZO

Aït abour Moujane señala que el plazo abierto para hacer los trámites --hasta el 30 de junio-- es "muy poco tiempo", y apunta que en junio entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, por lo que espera poder ganar algo de tiempo con el trabajo coordinado entre las entidades.

Asimismo, alerta de que, tras el proceso de regularización, el siguiente "peaje" será la renovación de los permisos de residencia y trabajo, y remarca la necesidad de acompañar a los migrantes y desarrollar un sentimiento de pertenencia, por lo que ve todo el proceso como un hecho estructural a largo plazo.

ADMINISTRACIONES "FLEXIBLES"

La responsable de formación e inserción laboral de Càritas Barcelona, Dessirée Garcia, ha subrayado la necesidad de que las admistraciones sean "flexibles" en las citas para entrar los expedientes, para que el mínimo de gente quede fuera, ya que no hay una contabilización oficial de cuántas personas en situación irregular hay.

Càritas tiene 7 puntos repartidos por la diócesis de Barcelona en los que está ayudando a personas que ya tenían un seguimiento por part de la entidad: "No es un proceso fácil, es una oportunidad, pero gestionarla tiene su dificultad", reflexiona Garcia.

"La angustia más o menos siempre está, sobre todo en cuanto a que no se les pasen los plazos. Al final son personas que hasta ahora no existían, que formaban parte nuestras comunidades, pero sin acceso a determinados derechos. Se juegan mucho", ha destacado.

Asimismo, Garcia ha afirmado que aunque el tercer sector siempre estará colaborando, y "más cuando se trata de usar una herramienta que restablece derechos, dignidad y cohesión social", la responsabilidad y la competencia debe recaer en las administraciones públicas implicadas.