BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y representantes del sindicato Ustec-Stes, de ServidorsCAT, de la Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, y de la Fede.Cat han avisado de la "vulneración de derechos" que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, y de que sus efectos se extenderán y notarán a lo largo de 2018.
En rueda de prensa conjunta, Mauri ha asegurado que ámbitos como el de la lengua, la cultura, la educación, la cohesión social y la proyección internacional de Catalunya han quedado "gravemente afectados", y ha lamentado que no se sepa cuando terminará su aplicación.
Así, considera que la administración pública catalana vive con "indefensión" la aplicación del 155, que se han pisado derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, manifestación y reunión, y que hay un nuevo intento para cargarse la inmersión lingüística y atacar a los profesionales de la educación, entre otras cuestiones.
El portavoz del sindicato Ustec-Stes, Ramon Font, ha criticado la "obsesión del PP" en acusarles de intentar adoctrinar a los alumnos, tras defender que se limitan a desarrollar el currículum educativo y alimentar su espíritu crítico, y en el ámbito de la inmersión lingüística.
Junto con la presidenta de ServidorsCAT --plataforma de servidores públicos que se ha creado para hacer un inventario de los efectos del 155--, Yolanda Hernàndez, han coincidido en la "incertidumbre" que provoca que no haya presupuestos aprobados ni prorrogados, y sobre el riesgo económico que supone para muchas entidades la frenada de subvenciones.
También lo ha advertido el director de la Associació d'Actors y Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas, que asegura que se han paralizado muchos proyectos, y ha compartido con el resto de presentes la necesidad de que el 155 se retire lo antes posibles una vez se forme un nuevo Govern después de las elecciones del 21 de diciembre.
El presidente de la Federación Catalana por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo (Fede.cat), Antoni Albareda, ha explicado que se han retrasado los diez millones de euros destinados a las organizaciones de acción social en Catalunya, entre otras cuestiones, y ha querido destacar, como entidad que trabajo por los derechos humanos, que "no hay ningún Estado que admita tener presos políticos".
