La exconsellera Bassa durante su intervención. - PARLAMENT
BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los exconsellers de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat Dolors Bassa y Chakir El Homrani han asegurado que los contratos de emergencia y las prórrogas de conciertos con la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) se hicieron según lo previsto en la ley.
En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlament de este lunes, Bassa, que ocupó el cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017, ha achacado el aumento de contratos de emergencia y prórrogas a la "llegada creciente" de menores no acompañados, que aumentó un 100% en 2015 y un 124% en 2016, alcanzando los 600 en 2016 y llegando a 1.400 en 2017.
Ha afirmado que las circunstancias eran extraordinarias pero que el procedimiento era "riguroso, con muchas fases técnicas y administrativas".
Sobre el posible conflicto de intereses del exdirector de la Dgaia Ricard Calvo, vinculado laboralmente con entidades a las que se adjudicaron contratos públicos desde dicha dirección, ha dicho que le consta que "corría el rumor" de un posible conflicto de intereses, y que dimitió para no entorpecer el trabajo de la institución.
En respuesta a una pregunta de Lorena Roldán (PP), ha afirmado que ahora le pediría a Calvo que no dimitiese porque era un "gran profesional", porque tenía experiencia con las entidades y porque la justicia le ha dado la razón.
CHAKIR EL HOMRANI
El Homrani, que fue conseller entre mayo de 2018 y mayo de 2021, ha apuntado que vivió "uno de los momentos de más tensión" del sistema de protección catalán, así como ha señalado que la aplicación del 155 supuso una parálisis administrativa, según él.
Ha dicho que la contratación de emergencia era "la única forma posible" dentro del ordenamiento jurídico para dar respuesta a la emergencia social, ante la sobreocupación de muchos centros.
RICARD CALVO
El exdirector de la Dgaia entre enero de 2016 y agosto de 2017, Ricard Calvo, ha dicho que cuando asumió el cargo había una "tensión estructural del sistema" debido a la reducción de plazas residenciales, y que durante 2016, sin un incremento presupuestario relevante, la capacidad de generar nuevas contrataciones era limitada.
Ha afirmado que fórmulas como la prórroga o la ampliación de contratos buscaban "evitar interrupciones en servicios esenciales, priorizando la continuidad asistencial" al menor, tal y como preveía el decreto ley 3/2016.