El exletrado mayor del Parlament plantea un referéndum sobre incluir el derecho a decidir en la Constitución

   BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona ha planteado que el Estado acepte hacer un referéndum en Catalunya que plantee la independencia "con una pregunta indirecta" para conocer la opinión de la ciudadanía sobre iniciar un proceso de reforma constitucional destinado a introducir en la Constitución el derecho a decidir.

   Lo defiende en el libro 'Sobrevivir al 'procés'. En busca de tierra firme' (Ediciones Península), que saldrá a la venta el 24 de marzo y en el que Bayona --fue letrado mayor del Parlament durante 2017, cuando el Parlament declaró la independencia y aprobó las leyes de 'desconexión', hasta que dejó su cargo en junio de 2018 pese a que ahora sigue como letrado raso-- expone su propuesta para superar el conflicto en Catalunya.

   Bayona sostiene que un referéndum con una pregunta directa sobre la independencia ya se ha visto que no encaja en la jurisprudencia constitucional vigente, pero que "no debería haber ningún inconveniente en admitir, al menos, un referéndum con una pregunta indirecta".

   Considera que esta fórmula "no iría contra la doctrina constitucional y permitiría expresar de alguna manera el derecho a decidir", además de dar consistencia a la presentación de una iniciativa de reforma constitucional, que cree que podría presentar el propio Parlament.

   Para él, la Constitución no contiene "una prohibición clara para poder realizar un referéndum consultivo, aun cuando su respuesta pueda entrar en contradicción con la propia Constitución", y defiende que el problema para admitir una consulta no está en ella sino en la interpretación que hace el Tribunal Constitucional (TC).

   Así, subraya que un referéndum consultivo para conocer la opinión de la población daría fundamento al inicio de un proceso de reforma constitucional y considera que de esta manera "se abriría un nuevo escenario en el que el derecho a decidir podría tener un cauce de expresión democrática que llevara a un proceso de negociación política y, en último término, a abrir un proceso de reforma constitucional".

   "La misma convocatoria del referéndum por el Estado sería el resultado de un acuerdo político sobre la pregunta que realizar y sobre las condiciones o requisitos que se deberían producir para que el resultado obtenido implicara una obligación recíproca de negociar su aplicación", ha añadido.

MEJORA DEL AUTOGOBIERNO

   Bayona, que forma parte de la plataforma El País de Dem, que busca impulsar un proyecto catalanista moderado contrario a la unilateralidad, afirma que no es suficiente con resolver la cuestión del derecho a decidir, sino que también hay que buscar un acuerdo entre el Estado y la Generalitat que logre una "mejora palpable del autogobierno".

   Es lo que él tilda como "pacto de conveniencia", que debe servir como acuerdo provisional para dar estabilidad y debe abordar cuestiones como la financiación de la Generalitat, la distribución de competencias y el reconocimiento de una posición singular de Catalunya, y señala que uno de los primeros elementos que se podrían plantear es la recuperación de los artículos del Estatut de 2006 que el TC anuló.

   Para ello, ve necesario que desde el Estado se abandone "cualquier visión del conflicto catalán que lo sitúe en el terreno estrictamente judicial, lo perciba como un problema de orden público o lo considere una reacción social pasajera sin querer ver sus causas de fondo", mientras que desde el independentismo se debería asumir que la vía unilateral fue un error y que la independencia se debe promover por otros caminos, según él.

MODIFICAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

   Además, Bayona asegura que la política debería intervenir para modificar los efectos de la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo, ya que cree que "establece ganadores y perdedores" y no facilita que se avance en una solución al conflicto.

   Insiste en que las instituciones políticas pueden intervenir legítimamente "para corregir las consecuencias indeseables" de la justicia y, a su juicio, a veces es necesario hacerlo para salvar la credibilidad del sistema institucional y constitucional.