Corominas, Barrufet, Guinó y Simó declaran acusados por presunta desobediencia en la repetición de su juicio
BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han declarado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que cuando ocupaban sus cargos, bajo el mandato de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, no intervenían en el contenido de las iniciativas que tramitaban sino que solo hacían una valoración formal.
Lo han dicho al declarar como acusados en el juicio que se repite contra ellos --ya fueron juzgados en 2020 y condenados a 20 meses de inhabilitación-- por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar resoluciones y leyes relacionadas con el proceso independentista, y el juicio se repite por orden del Tribunal Supremo (TS) ante la falta de imparcialidad de dos de los jueces que se encargaron del caso.
En concreto, la acusación de la Fiscalía hace referencia a la votación en el pleno de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente --lo que motivó la primera investigación a Forcadell--, a la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2017, que contenía una disposición para sufragar consultas; a las propuestas de resolución del Debate Política General de 2016 y a la votación de las 'leyes de desconexión' los días 6 y 7 septiembre de 2017.
En las declaraciones, los cuatro han optado por contestar solo a sus abogados con interrogatorios cada vez más cortos para evitar reiteraciones, según han dicho.
Los abogados de los cuatro han apelado a la inviolabilidad parlamentaria --algo que el tribunal contestará en la sentencia-- y todos los acusados están exentos de acudir a la sesión del miércoles, dedicada a los testigos.
COROMINAS: "CUMPLÍAMOS ESTRICTAMENTE" EL REGLAMENTO
Sobre la creación de la Comisión de estudio del proceso constituyente, Corominas ha explicado que "nadie la impugnó, la Fiscalía hizo un incidente de ejecución y el TC lo admitió a trámite, pero no suspendió los trabajos de la comisión", y ha añadido que no hubo ningún requerimiento del Constitucional hasta que se presentaron las conclusiones de la comisión.
Corominas ha afirmado que el requerimiento del TC que llegó con posterioridad a la aprobación de las conclusiones "era del todo inconcreto", ha sostenido que la Mesa ya no podía cambiar las conclusiones, ni evitar que se hiciese la ratificación en el pleno, y ha calificado estas conclusiones de acto declarativo sin ningún tipo de consecuencia.
"Cumplíamos estrictamente lo que decía el reglamento del Parlament pero siempre con conciencia de que además estábamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. Si posteriormente ha habido una jurisprudencia consolidada de que eso no es así, no teníamos conocimiento", ha agregado Corominas, y en el mismo sentido se ha pronunciado Simó, que ha afirmado que siempre siguió el reglamento de la Cámara.
Respecto a la admisión a trámite dos propuestas por parte de la Mesa que se votaron en el debate de orientación política de 2016, sobre un referéndum vinculante sobre la independencia de Catalunya y abordar un proceso constituyente, ha sostenido que los requerimientos del TC obligaban a la Mesa "a hacer una consideración de fondo" de las iniciativas parlamentarias.
Ha explicado que los miembros del órgano rector del Parlament consideraron que no les correspondía hacer esta consideración y se quejaron al alto tribunal, según Corominas, que ha indicado que finalmente "ponderaron derechos" y decidieron proteger el derecho de participación de los diputados.
Ha concretado que para admitir a trámite las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios en el Debate de Política General se tenía en cuenta "la congruencia de las propuestas" y los requisitos formales, y ha especificado que se admitieron todas las que se presentaron porque las consideraron congruentes y que formaban parte del debate parlamentario.
SIMÓ: FUE UNA ADVERTENCIA "AL PLENO"
Simó, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Raimon Toms, también ha indicado que los miembros de la Mesa había un "control de formalidad de las iniciativas parlamentarias", pero ha negado que interviniesen en las mismas, y tampoco hacían una valoración de su contenido ni de su constitucionalidad, ya que tanto el reglamento del Parlament y la jurisprudencia al respecto así lo indicaban, ha concretado.
Ha recordado que los letrados del Parlament advirtieron de la posible inconstitucionalidad de las conclusiones de la comisión de estudio, pero considera que era una advertencia "dirigida al pleno" y no a la Mesa, y por eso la entonces presidenta de la Cámara la leyó ante el hemiciclo antes de votar la inclusión en el orden del día del pleno la votación de las conclusiones, y en este punto también ha incidido Guinó.
BARRUFET: ACTUAR COMO "CENSOR" IRÍA CONTRA EL PARLAMENTARISMO
Con relación a la explicación de que la Mesa no valoraba el contenido de las iniciativas que tramitaba, Barrufet ha dicho ante el tribunal: "Pienso que hacer actuar a la Mesa como censor sería ir contra los fundamentos del parlamentarismo".
"No llego a entender cómo se nos puede llegar a pedir que actuemos previamente con una censura", tras lo que ha remarcado que el reglamento de la Cámara les ordena admitir los trámites para que puedan ser debatidos, y ha subrayado que ya existe un mecanismo de control a posteriori.
GUINÓ: LA MESA CANALIZA INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
Guinó, que ahora es alcalde de Besalú (Girona), ha subrayado que el Parlament atendió un requerimiento del TC para no tramitar ningún proyecto por lectura única, y respecto a la tramitación de iniciativas parlamentarias ha señalado que "la Mesa lo que hace básicamente es canalizar iniciativas de los grupos parlamentarios para que se debatan en plenario".
Ha valorado que las admisiones a trámite de las propuestas de resolución que se enjuician "nunca se suspendieron" por parte del Constitucional.
A preguntas de su abogada, Judit Gené, ha recordado que cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución la Mesa tramitó una propuesta de resolución "como un mecanismo de discurso político, sin efectos a terceros y sin vinculación jurídica", y a partir de entonces no se convocó la Mesa y hasta las siguientes elecciones tomó su lugar la diputación permanente.
